“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar”.
Martin Luther King
Después de que en un principio se enorgulleció de la acción judicial en contra de la periodista Lydia Cacho, a quien tildó de delincuente antes incluso de que se le dictara auto de formal prisión, el gobernador de Puebla, Mario Marín, asumió posteriormente una posición más moderada. Empezó a afirmar que sus declaraciones en contra de la autora del libro Los demonios en el edén, habían sido sacadas de contexto y que él no había intervenido para nada en el proceso. Hoy queda claro que mintió.
Así lo muestra una serie de grabaciones recibidas por el periódico La Jornada de llamadas telefónicas entre el empresario poblano de origen libanés Kamel Nacif -quien demandó a Cacho por calumnia y difamación-, el gobernador Marín y otros personajes.
Las conversaciones, presentadas en varios artículos por Blanche Petrich, revelan que hubo acuerdos entre ellos no solamente para promover una ilegal orden de aprehensión contra la periodista sino para someterla a actos de agresión. Nacif, cuyas maquiladoras son muy importantes en el estado de Puebla, llama en una de estas grabaciones a Marín, quien le informa con la elegancia lingüística que uno espera de un gobernador: “ya ayer le acabé de dar un pin... coscorrón a esta vieja cab... Ya le mandé un mensaje. A ver cómo nos contesta”. El empresario le responde al gobernador. “Yo te hablé para darte las gracias. Sé que te metí en un problema, pero... ‘y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac...’”.
Como el gobernador dice que se la beberá, Nacif le responde: “¿te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una”.
Y había razones para el agradecimiento. En una de las conversaciones que transcribe La Jornada, el también textilero libanés, Hanna Nakad Bayeh -quien sirvió de enlace entre Nacif y las autoridades carcelarias y la juez quinto de lo penal en Puebla, Rosa Celia Pérez González, que llevaba el caso-, le dice a Nacif que le pidió a la juez que “por orden del gobernador..., aunque sea cinco minutos”, Lydia Chacho debe quedar “encerrada en una celda”. Cuando un interlocutor no identificado le dice a Nacif: “ahora págale a una mujer en la cárcel para que la viole”, Nacif responde: “No, no, no. Si ya está recomendada”.
En otra conversación, con un sujeto llamado Hubert, Nacif afirma: “ya le dije a Nakad. La pones con las locas y tortilleras”.
La sugerencia es que la periodista sería así agredida. Nacif, de hecho, se precia de que Nakad controla la cárcel y señala: “ya le fue a decir al director. No te preocupes, aquí locas y tortilleras. Que vuelva a aprender a escribir esta hija de su rech....mad..”.
Las grabaciones ratifican que la aprehensión de Lydia Cacho en Cancún fue un verdadero secuestro. Nakad es quien sugiere que no se notifique a la periodista del proceso por difamación abierto en su contra para evitar que ella promoviera un amparo o se presentara voluntariamente a testificar: “tu abogado quería que notificáramos -le dice a Nacif-. Yo dije que no. Hay que darle mad... Si uno notifica, nunca va a dar a la cárcel”.
El acuerdo para atacar a Cacho parece involucrar a funcionarios del Gobierno de Marín y a la propia juez que gira la orden de aprensión. Ante el temor de Nacif de que la juez se eche para atrás para dictar el auto de formal prisión, Nakad le dice: “no, mira, ya estuve con la juez hoy...”.
De hecho, Nakad revela que ha estado conversando sobre la juez con Valentín Meneses, director de comunicación social del Gobierno de Puebla. Busca, además, un apoyo de Nacif para la juez: “se meten mucho con ella. Pobre mujer, tenía que estar de vacaciones”. Nacif le contesta: “dile que yo la mando de vacaciones..., dile que adonde quiera”.
En otros países del mundo la información registrada en estas grabaciones sería suficiente para iniciar una investigación en contra del gobernador Marín y de la juez quinto de lo penal. Pero en México seguimos viviendo en pequeños feudos en que los gobernadores gozan de una impunidad casi absoluta.
Resulta claro que la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla no comenzará ninguna averiguación previa en contra del gobernador, ni la judicatura investigará la actuación de la juez. Y si no, al tiempo... ahora ya hay, afortunadamente, instancias legales.
Un Tribunal colegiado desechó la acusación por calumnia y determinó que el caso por difamación debe ventilarse en Cancún. Esto cuando menos retira el proceso de una entidad, Puebla, en la que el gobernador intervino directamente en el juicio y en que la juez cedió a presiones indebidas. Pero casi puedo apostar que las violaciones a la Ley cometidas por el gobernador Marín y por la juez Rosa Celia Pérez, quedarán impunes. Nuestro país dista mucho, incluso ahora, de tener un verdadero Estado de Derecho.
AGUA
Hoy a las siete de la tarde se presenta en Casa Lamm, en la Ciudad de México, el libro Agua, medio ambiente y sociedad: hacia la gestión integral de los recursos hídricos en México de Julia Carabias y Rosalía Landa con otros colaboradores. Es un diagnóstico serio sobre el problema ambiental más importante de nuestro país.
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