A decir de Jaques Attali en el siglo XXI las fronteras dejarán de materializar un derecho para convertirse en la concreción de una serie de deberes. ¿Están los estadounidenses en su derecho de levantar el muro? sí, pero ese sí no basta. ¿Están en su derecho de expulsar a los trabajadores ilegales? sí pero tampoco basta. ¿Están los millones de miserables mexicanos en su derecho de cruzar la frontera ilegalmente? No, violan la Ley mexicana y la estadounidense, como también la violan los cientos de miles de empleadores que aprovechan la ilegalidad para pagar salarios de hambre y obtener jugosos beneficios. Las deportaciones suben y bajan dependiendo de extraños acuerdos, las contrataciones se sistematizan; las víctimas de la extorsión y el engaño caen muertos por cientos, administraciones entran y salen y los dos gobiernos siguen con este duelo de hipocresías.
Pero claro las faramallas oficiales -siempre sujetas a los vaivenes políticos- son incapaces de contener el profundo y apasionante proceso de interdependencia e integración. Una píldora para recordar: entre 1939 y 41 las exportaciones a Estados Unidos oscilaron los siete millones de pesos, ya en aquel entonces se registraban más de un millón en remesas. Con el programa de braceros de mediados de los años cuarenta las remesas llegaron a ser el 13 por ciento del total recibido. Hoy, medio siglo después, se calcula que hay alrededor de 20 millones de mexicanos o sus descendientes -legales e ilegales- viviendo en el vecino país, el intercambio comercial se acerca a los 200 mil millones, con buen superávit para México y las remesas enviadas llegaron a la asombrosa cifra de 20 mil mdd. Pero nada ha sido suficiente para lograr un acuerdo migratorio que reconozca el carácter complementario de mano de obra barata y una economía muy tecnificada, pero sobre todo un acuerdo que lleve dignidad a los millones de seres humanos que se encuentran en tránsito.
Los vanos derechos fronterizos a los que aludía Attali fueron desnudados en sus contradicciones y mezquindades por los cientos de miles de manifestantes que en más de 60 ciudades salieron a recordar la millonaria presencia. Mientras tanto el Congreso en Washington discute una propuesta que oscila entre las posiciones conservadoras más recalcitrantes y las de los grupos progresistas que abren puertas de manera pausada. Rodolfo Tuirán retoma algunos de los alcances de la reforma sujeta a discusión: a) alrededor de siete millones que se encuentran en situación irregular desde hace más de cinco años podrían regularizarse, b) tres millones de indocumentados con al menos dos años y no más de cinco, podrían permanecer hasta tres años mas y entrar a la regularización. Y, finalmente, dos millones con menos de dos años que serían deportados para que intenten su reingreso por la vía legal. Tuirán recuerda como el concepto de “amnistía” simplemente exacerba los ánimos al ser vista como un perdón automático a la transgresión de la Ley. El concepto que rige la propuesta es el de una “legalización ganada” que le permite a EU mantener una postura de firmeza, que por supuesto es incongruente con la tolerancia histórica hacia los empleadores de ilegales. La propuesta no es todo lo que México debería demandar, pero sin duda llevaría certidumbre y esperanza a millones.
Pero ¿cómo dar continuidad a una negociación de estado justo durante un periodo electoral plagado de miopías y mezquindades? Ejemplo de lo primero es el incendio para garantizar el voto de los mexicanos aquí en esta elección y el silencio sepulcral frente al verdadero interés de nuestros connacionales de votar allá. Los contrastes los dan las cifras: unos cuantos miles inscritos en el procedimiento frente a cientos de miles marchando. Pero no todo ha ido viento en popa. Si bien es cierto que algunos estudios de opinión pública muestran una resistencia menor de los estadounidenses frente a la “legalización ganada”, también lo es que los grupos radicales e incluso xenófobos están aprovechando la coyuntura. Ejemplo de ello es la exigencia de considerar a la inmigración ilegal como un delito grave lanzada por los “duros”. Para la historia de la complejidad binacional quedarán las fotos de la quema de banderas mexicanas frente al consulado en Tucson y las pintas y agresiones a establecimientos mexicanos.
Quizá allí radica la gran lección. La frontera no es sólo un derecho, es un deber, un deber para el Gobierno mexicano de lograr un mayor crecimiento que evite la migración. Los señores legisladores -de uno y otro bando- que por casi una década se han opuesto a reformas que podrían traer más crecimiento son en parte responsables de esa migración que se acerca al medio millón al año. El Gobierno mexicano y también Washington tienen el deber de explicar los múltiples beneficios que por décadas ha traído el trabajo de los mexicanos al consumidor estadounidense. Ambos gobiernos tienen la obligación de fomentar el respeto a la Ley o, de no ser posible, la adecuación de las normas a las realidades socioeconómicas de nuestras naciones. Esa hipocresía diplomática es la que ha propiciado la ineficacia policiaca que deviene en maltrato, vejación, extorsión y muerte de cientos de personas. Los funcionarios y legisladores de ambos lados tienen buenos motivos para sentirse avergonzados de su incapacidad para generar un acuerdo mínimo que vele por la dignidad de un par de decenas de millones de seres humanos.
No sabemos quienes serán los próximos presidentes de México o Estados Unidos, tampoco cómo se integrarán los congresos. Lo que sí sabemos es que este asunto avergüenza a las dos naciones.
