“Y, después de todo, ¿qué es una mentira? No es otra cosa que la verdad con máscara”.
Lord Byron
Finalmente la solución fue a mi juicio la más adecuada. El pleno del Instituto Federal Electoral tomó la decisión desechar la mayor parte del dictamen preparado por su propia junta ejecutiva que habría ordenado al PAN el retiro de sus anuncios críticos de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría para esta decisión fue bastante amplia: los consejeros votaron seis contra tres para descartar el dictamen de la junta ejecutiva.
Estoy convencido de que ésta era la única decisión posible. El IFE no debe entrar al negocio de censurar los contenidos de los anuncios de campaña. El Cofipe, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, permite esta censura solamente en casos de difamación y calumnia, lo cual puede entenderse. Pero el dictamen de la junta ejecutiva iba mucho más allá. Al impedir que, por ejemplo, el PAN cuestionara un presunto endeudamiento excesivo de la Ciudad de México durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador o impidiera la difusión de la opinión de que López Obrador es un peligro para México estaba entrando al peligroso terreno de limitar la libertad de expresión.
La única frase que el IFE finalmente censuró en la campaña del PAN fue aquélla en la que se señalaba que López Obrador “permite estos delitos”, en referencia a las faltas cometidas por el ex secretario de Finanzas del D.F. Gustavo Ponce y por René Bejarano, ex secretario particular de Andrés Manuel. Me imagino que puede argumentarse que esto es una calumnia, ya que nunca se ha comprobado que López Obrador haya sabido de las ausencias de Ponce para ir a jugar a Las Vegas o que Bejarano haya recibido dinero de Carlos Ahumada por instrucciones de López Obrador. Pero el tema puede argumentarse de ambos lados.
He recibido muchos correos electrónicos cuestionando la posición que he defendido en esta columna de que el IFE no debía ordenar el retiro de los anuncios del PAN y que fue finalmente la que prevaleció en el instituto. Manuel A. Márquez, profesor universitario, me dice que “no merecemos que se nos engañe con mentiras y calumnias que no son argumentos pues no están fundados en datos verdaderos y pruebas”. El problema es que lo que para algunas personas es una mentira para otros es una verdad valiente. Y no podemos poner al IFE a juzgar cuál de las dos partes tiene la razón en estos argumentos. El juicio debe ser del elector.
El anuncio más recordado en la campaña de López Obrador es el que protagoniza Elena Poniatowska y en el que ésta les dice a los panistas que no mientan, que compitan limpiamente. Pero ¿realmente queremos que el IFE determine, antes de que salga el anuncio, si Elenita está mintiendo al llamar mentirosos a los panistas? Estoy convencido de que el PRD le sacó buen juego a la afirmación panista, cuando menos engañosa, de que la deuda del D.F. había subido en exceso en la Administración de López Obrador. El que el tema se discutiera abiertamente fue más beneficioso para la sociedad que si la censura del IFE hubiera impedido que el PAN hiciera originalmente la acusación.
El lector Luis Pérez me pregunta: “¿En qué ayuda a la libertad de expresión si yo armo una campaña diciendo que usted, Sergio Sarmiento, es un pederasta y violador de niños sin tener sustento alguno, y argumentando que si usted tiene prueba de que no lo es entonces haga su propia campaña desmintiéndome”. De hecho, la calumnia está tipificada como delito y como limitante de publicidad electoral. Precisamente por eso el IFE está pidiendo el retiro de la frase del PAN de que López Obrador permitió los ilícitos de Ponce y Bejarano. Pero también en esto hay que andar con precaución. Si Mario Marín se postula como candidato a la Presidencia, ¿realmente queremos que se prohíba cualquier referencia a su actuación a favor de Kamel Nacif y a la relación entre éste y Jean Succar?
La decisión que finalmente dio el IFE me parece sana. En el campo de la libertad de expresión hay muchas áreas grises en las cuales el IFE debe pecar más del lado de la libertad que de la restricción.
El PAN ha decidido, por lo pronto, cambiar su campaña. En los nuevos anuncios ya no acusa a López Obrador de haber elevado en exceso la deuda de la Ciudad de México. Pero señala que los “gobiernos perredistas” han cuadruplicado esa deuda de 11 mil a 45 mil millones de pesos. No hay nada de difamatorio en esto puesto que es la verdad. Pero la culpa principal no recae en Andrés Manuel sino en Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.
LEGALIDAD
Antes de rasgarse las vestiduras por la violencia en Lázaro Cárdenas hay que recordar que la toma de las instalaciones de la planta de Sicartsa por el Sindicato Minero era ilegal. No había contrato en revisión ni una huelga legítima. No sé si el desalojo pudo hacerse de otra manera, pero me queda claro que los mineros que defienden a Napoleón Gómez Urrutia recibieron con violencia a los policías. El jefe de la Policía michoacana afirmó que en un momento sus efectivos corrieron el riesgo de ser masacrados. Sin una huelga legal, la toma de instalaciones eran un simple despojo. Y la autoridad tiene la obligación de impedir los despojos.
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