EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Ni las autoridades de Guerrero ni los familiares de los difuntos han solicitado información a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Coahuila o Durango sobre los cinco laguneros que fueron ejecutados en Guerrero.
David Cázares Juárez, delegado regional de la PGJE, explica que la única participación que tuvo la dependencia a su cargo en relación a los ejecutados que hubo en el estado de Guerrero fue como puente de enlace para la entrega de los cuerpos a los familiares.
Reconoce que en la última visita del procurador a Torreón, el funcionario estatal se comprometió a proporcionar la información que se requiriera en dado caso que fuera solicitada por la Procuraduría de Guerrero, que era la autoridad competente para conocer de esta situación.
Sin embargo, Cázares Juárez señala que las autoridades de Guerrero no han solicitado ningún tipo de datos a sus homólogos en Torreón, por lo que indica que ?realmente, a eso se concretó nuestra información, solamente a traer los cuerpos y hasta ahí?.
El delegado regional de la PGJE explica que la dependencia a su cargo no será la institución encargada de brindar información a las familias de los deudos, que únicamente se acercaron al día siguiente de la ejecución, al igual que el sobreviviente, pero ?después de eso, ni la familia ni la Procuraduría de allá nos han solicitado nada?.
Refiere que la PGJE de Coahuila se mantiene en contacto con la de Durango en caso de que se requiera de intercambiar datos respecto a la ejecución de los laguneros en Guerrero, pero ni la Procuraduría General de la República (PGR) se ha acercado a esta dependencia.
?Yo supongo que toda la investigación se concretó a hacerse en aquella área, que no era necesario ni trascendente ni importante que solicitaran la participación de nosotros, ni la intervención ni ningún dato que nosotros les pudiéramos proporcionar?, expone el funcionario.
Nombramiento
La Asociación de Abogados Laboralistas de La Laguna llevó a cabo el nombramiento de Luis Enrique Montañés Varela como presidente de la asociación civil en la región para el periodo 2006-2007.
Tras la toma de protesta, el nuevo presidente señala que son tres las metas que se fijó para el presente año la asociación. La primera es pugnar porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) sea apoyada por el Gobierno del Estado en la implantación de capacitación y promoción a estudios de postgrado para los servidores públicos de la administración de Justicia Laboral.
La segunda meta es la concretización de una propuesta para que verdaderamente se lleven los sistemas tecnológicos a la Junta Local, a fin de que cuente con un mejor equipo de cómputo y que esté enlazada a la red de internet.
Montañés Varela expone como tercer punto, la asociación busca que el Gobierno del Estado otorgue a la JLCA un inmueble propio que cumpla con las exigencias que actualmente se dan, a causa de la modernidad y extensión económica de la región y del Gobierno.
?Esto llevaría a una mejor eficacia por parte de los servidores públicos, tener una mayor seguridad laboral, lo que nos va a dar mayor inversión y que tengamos más fuentes de empleo?, indica.
