“Las mujeres que quieren ser iguales que los hombres son poco ambiciosas”.
Timothy Leary
En siete estados de la República no hay sanciones específicas para la violencia doméstica. En otros 17 sólo se castiga la violencia familiar “reiterada” pero no cuando ocurre de manera aislada.
En 13 el estupro -o sea, la relación sexual de un adulto con una menor- sólo se sanciona si ésta es “casta” u “honesta”. En 11 estados no se sanciona el estupro si el responsable contrae matrimonio con la víctima.
El incesto se define en general como una relación “consensual” entre padres e hijos o entre hermanos; por ello, si se castiga, es tan responsable el o la menor como el padre que comete el acto.
Éstos son algunos de los absurdos que tienen las leyes mexicanas y que registra el estudio “Víctimas por partida doble: obstrucciones al aborto legal por violación en México” de Human Rights Watch.
Poco sentido tiene celebrar el Día Internacional de la Mujer en nuestro país cuando nuestros políticos han permitido que se mantengan leyes tan obsoletas y tan claramente violatorias a los derechos individuales en los códigos penales.
Estas leyes subsisten porque, en unos gobiernos dominados por hombres, hay poco conocimiento o comprensión de los crímenes que se cometen en contra de mujeres o de niñas. La violencia sexual y doméstica es, sin embargo, un problema mayúsculo en México y en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más mujeres a causa de estos actos que del cáncer.
Ahora bien, las muertes se pueden contabilizar con razonable exactitud porque es difícil ocultar los cadáveres. Pero hay muchas otras huellas de violencia que se pueden ocultar con mucha facilidad: huesos rotos, moretones, magulladuras, violaciones, humillaciones. ¿Cuántas mujeres, cuántas niñas han tenido que ocultarlas para no ser consideradas rebeldes o pirujas?
Sigue siendo muy común en México que los ministerios públicos se nieguen a levantar actas por violencia familiar o incluso por abusos sexuales. En la mayoría de los casos es simplemente la solidaridad masculina la que entra en juego.
Los hombres, después de todo, consideran a la mujer y a la hija como propiedades del varón. Y querer castigar a un hombre por poner a “sus mujeres” en su lugar es meterse en propiedad ajena. Los funcionarios buscan constantemente erigir nuevas barreras para evitar que se sancione a los hombres que cometen abusos en contra de mujeres.
En los estados en que la Ley requiere que los actos de violencia doméstica sean “reiterados” para ser sancionados, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público exigen cuando menos tres denuncias para levantar un acta, según el informe de Human Rights Watch.
Los códigos penales no establecen esos tres actos como condición para que un acto de violencia sea considerado como reiterado pero los Ministerios Públicos se toman la atribución de interpretar la Ley en beneficio del hombre.
Una mujer puede llegar con signos evidentes de golpes y maltratos, pero esto no se considera suficiente prueba. A veces parecería que la mujer tendría que llegar muerta para que, de mala gana, el MP esté dispuesto a levantar un acta.
“Se estima que, en promedio, cada cuatro minutos una niña o una mujer es violada en México -señala el informe de Human Rights Watch, que añade que es probable que esto sea una subestimación-. Apenas una parte de estas violaciones es denunciada ante las autoridades. En un número de casos aún menor se condena a los violadores.
En los raros casos en que las niñas y mujeres recurren a la justicia por el abuso sexual que han padecido se las suele tratar con recelo, apatía y falta de respeto”.
Hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer habrá una serie de ceremonias en las que los políticos, con aire satisfecho, hablarán de lo mucho que han hecho a favor de las mujeres y de lo mucho que harán a partir de ahora. Los candidatos a la Presidencia de la República ofrecerán, todos, dar a las mujeres un mejor trato.
Pero quizá habría que hablar menos y tomar más medidas prácticas. Los legisladores, en particular, tienen que aprobar nuevos códigos que castiguen la violencia doméstica y sexual. La mayor parte de ese trabajo debe realizarse en los congresos estatales.
Las reglas que establecen, por ejemplo, que la violencia doméstica debe ser reiterada para ser castigada, o que el estupro no puede sancionarse si la víctima no es casta, se encuentran todas en las legislaciones estatales.
Los Ministerios Públicos que se niegan a levantar denuncias por violencia doméstica son también locales. De nada sirve ofrecer discursos en defensa de la mujer en abstracto si no se toman medidas para resolver estos problemas fundamentales que sufren las mujeres de manera cotidiana.
DESDE JÓVENES
La cultura de la violencia se aprende pronto. Diego Santoy Riveroll, de 21 años de edad, no sólo consideró natural golpear a su novia, Érika Peña, sino que mató a los hermanos de ésta, de siete y tres años de edad. En este caso sí ha habido un gran escándalo nacional. Pero si Diego y Érika hubieran estado casados, y no hubiese muerto nadie en la acción, es muy probable que el Ministerio Público se hubiese negado a levantar un acta.
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