El acuerdo de neutralidad política aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) es, sin duda, un hecho relevante y plausible que podría significar el punto de partida para contar con campañas más transparentes, limpias y equitativas. No obstante, por sí mismo, dicho acuerdo no garantiza lo que pretende y sus alcances a futuro pueden ser limitados.
La medida, que ya está en vigor, persigue el objetivo de evitar cualquier intromisión de los funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno en el proceso electoral.
Entre las prohibiciones establecidas por el IFE a los servidores públicos e instituciones, destacan: la de difundir a través de los medios de comunicación obras públicas o apoyos para el desarrollo social 40 días antes de los comicios y durante los mismos; la de realizar en ese mismo lapso campañas de promoción de imagen personal; la de hacer aportaciones del erario público a partidos, coaliciones y candidatos, o dar cualquier tipo de apoyo gubernamental con fines proselitistas, y la de asistir a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña de los aspirantes o candidatos a cargos de elección popular cuando éstos se ejecuten en días hábiles.
Con estas y otras reglas, el IFE busca “atarles las manos” a los funcionarios para que no ensucien el proceso. No obstante, falta conocer los mecanismos con los que el organismo pretende establecer dichos controles y aplicar sanciones a quienes violen el convenio. Además se debe evitar que con esta serie de restricciones se caiga en una judicialización de los comicios, o peor aún, una guerra sucia en donde los partidos y candidatos estén más ocupados en denunciar sin el sustento suficiente las presuntas anomalías de los contrarios, con la intención de descalificar o tratar de impugnar resultados adversos. Lo anterior redundaría en la disminución de la confianza del electorado.
La participación ciudadana es de vital importancia. El acuerdo impulsado por el IFE debe ser el punto de partida para un ejercicio más profundo y comprometido de la democracia por parte de la sociedad. Que la vigilancia y el control sobre los servidores públicos e instituciones no sea tan sólo durante las campañas y los comicios, sino que se lleve a cabo siempre, en todos los ámbitos y con todas las acciones de Gobierno.
