Son estos malos tiempos para la ley. Por donde quiera que se vea, nuestro Estado de Derecho es prácticamente letra muerta. El Gobierno Federal, que está afortunadamente es los días finales de su gestión, fue el encargado de ser el principal promotor de la discrecionalidad en la aplicación del Derecho, con ello, se convirtió, aunque se declarase siempre como el primer observador de la misma, en su mayor detractor.
El Gobierno de Vicente Fox decidió situar la popularidad sobre la ley. Para el presidente nada, y esto se fue acrecentando con el paso de los meses de su mandato, fue más trascendente que mantenerse arriba en las calificaciones sobre su gestión que en la eficacia misma de su desempeño como el encargado de la Administración pública federal y por ello, hoy más que nunca estamos pagando las consecuencias.
Hechos para demostrar lo señalado sobran: los machetes de Atenco y la no-construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, toda la enredada ruta para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, para que a última hora simplemente el primer mandatario se echara una vez más para atrás y posterior al dos de julio los inverosímiles actos del Pejelagarto, desquiciando con la mano en la cintura el tráfico de la capital del país sin que nadie se atreviera a restablecer el orden y ahora con la tierra sin ley en que se ha convertido Oaxaca, son producto en mucho en que los mexicanos sabemos que sencillamente el Gobierno no hará nada, por dos sencillas razones:
La primera por lo ya expuesto referente a la enfermiza necesidad de Fox de ser popular y la segunda simplemente por tibieza en el mando. Nuestro país está tan convulso, que de seguir con estos pasos no faltará quien justifique lo acontecido en Oaxaca como una expresión de la sociedad, aunque es más que evidente que la dichosa APPO, no es más que una pantalla para cubrir lo que un grupo de vándalos políticos es capaz de hacer cuando la autoridad moral de un estado simplemente está en el piso.
Es hoy un momento mucho más crítico para nuestras instituciones, un riesgo de consideración acecha nuestro equilibrio como sociedad. Si bien el recientemente pasado vendaval electoral y las acciones realizadas por la coalición Por el Bien de Todos, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el de Convergencia, pusieron a prueba el sistema electoral mexicano, la salida se vislumbró con semanas de anticipación, ya que los inconformes fueron incapaces de sustentar jurídicamente, el fraude electoral que gritaban a todo pulmón en la calle, por lo que el desenlace fue totalmente previsible.
Pero no sólo López Obrador fue afectado, el propio presidente de la República fue señalado expresamente en la resolución del Tribunal Electoral, como alguien que fue capaz de poner en riesgo la elección presidencial por su incontinencia verbal sobre el proceso mismo y los candidatos participantes.
Es decir, un órgano jurisdiccional constituido, refrendó en materia jurídica lo que en la práctica ya sucedía: despojar a Fox de esa fachada de inmaculación política de la que siempre se jactó y con la que señaló por tanto tiempo con dedo de fuego a sus rivales políticos.
Es por eso que en la actualidad se corre el mayor riesgo. La tensión generada en Oaxaca, justo cuando las instituciones del Estado están más que golpeadas, puede llevarnos a un estallido social o simplemente que se genere una ola de violencia y la transgresión generalizada en el resto del país de los derechos de los ciudadanos comunes.
Nuestro punto crítico público hoy, recae en mucho en los hombros de un hombre bueno que ni fue capaz de resistir los elíxires del poder y poco a poco fue dilapidando su capital político y autoridad moral, producto del mareo profundo que le produjo sentarse en la silla presidencial.
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