Concluye ministro que no se encontraron elementos que vinculen a Mario Marín con la detención de la escritora Ludia Cacho.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- Después de revisar decenas de testimonios y entrevistas contenidas en al menos 21 minicasetes y seis casetes, además de videos, cientos de hojas, declaraciones por escrito de los gobernadores de Puebla y Quintana Roo, Mario Marín y Félix Arturo González, reportes de autoridades menores de ambas entidades, de Organizaciones No Gubernamentales y empresariales, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, llegó a una conclusión: no existen elementos ni pruebas que permitan establecer que se registraron violaciones graves a los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho Riveiro durante su detención en Cancún, Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2005, y su posterior traslado y encarcelamiento en la ciudad de Puebla, para que enfrentara el juicio por difamación que promovió en su contra el llamado Rey de la Mezclilla, Kamel Nacif Borge.
Durante tres meses, contados a partir del 19 de abril pasado, los magistrados federales Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, quienes integraron la comisión que designó la SCJN para investigar este asunto, se dedicaron a recopilar toda la información que estuvo a su alcance sobre la detención y procesamiento de Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en los que denunció casos de pederastia en los que estaba ligado Kamel Nacif.
Una vez que finalizaron su encomienda, la información que recopilaron los magistrados, sin ningún tipo de conclusiones, se la hicieron llegar al ministro Ortiz Mayagoitia, en la segunda semana de julio.
Una vez que estuvo a su cargo el caso, Ortiz se encargó de procesar toda la información y, con base en ella, elaboró un proyecto de sentencia en el que también explica que no se encontraron pruebas para considerar que se registró alguna acción concertada o confabulación de servidores públicos para perjudicar a Cacho.
Tampoco, de acuerdo con quienes han tenido acceso al proyecto, encontró elementos que vinculen al llamado ?Gober precioso? con alguna actividad tendiente a influir en la detención de la escritora.
El proyecto en cuestión se lo hizo llegar Ortiz a sus compañeros del Pleno de la SCJN desde el ocho de septiembre a fin de que pudieran estudiarlo con tiempo, durante toda una semana, para discutirlo en la sesión pública de hoy lunes. De inmediato el dictamen generó opiniones encontradas en el interior de la Corte.
Por este motivo, de acuerdo con fuentes del alto Tribunal, si no existe algún cambio de última hora en la programación de los juicios a resolver, se espera que el tema genere hoy lunes una amplia discusión y una división entre los ministros del alto Tribunal que apoyan el sentido de la propuesta de Ortiz Mayagoitia y quienes pedirán que se realice una nueva investigación o, en su caso, se declare que el gobernador Mario Marín sí incurrió en violaciones a los derechos de la periodista Lydia Cacho.
La Corte, en el ejercicio de la facultad que le otorga el Artículo 97 de la Constitución para investigar violaciones graves a las violaciones del voto público, ¿puede adoptar como pruebas válidas grabaciones ilícitas de conversaciones telefónicas?
La respuesta que se le dé a esta pregunta será crucial para el rumbo que tomará la decisión del máximo Tribunal del país en este caso, porque la única prueba que vincula al ?Gober precioso? con una presunta confabulación para detener a la periodista Lydia Cacho son las grabaciones que se difundieron el pasado 14 de febrero, en las que se revelaron las conversaciones telefónicas que realizó Mario Marín con Kamel Nacif Borge.
Al igual que las pláticas por teléfono que tuvo el empresario con algunos de sus amigos, en las que se muestra la forma en que operó para que la periodista fuera detenida. Pero dicha prueba no fue tomada en cuenta por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, por considerar que no es válida por la forma ilícita en que fue obtenida.
