EN RESISTENCIA | TEMEN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES YA NO PODER IR A REHABILITACIÓN.
EL SIGLO DE TORREÓN
?Me amenazaron con quitarme el apoyo por quejarme y porque soy de Viesca?, cuenta Azucena Saucedo Miranda.
TORREÓN, COAH.- Para Azucena no fue fácil vencer sus miedos. Hace nueve años decidió ponerle fin a todo complejo y pidió ayuda al DIF Compresora. Ahí, dice, recuperó las ganas de vivir al ver cómo otras personas salían adelante a pesar de sus limitaciones físicas.
Azucena Saucedo Miranda se convirtió en una atleta de excelencia. Ella practica el lanzamiento de bala, pero ahora, al igual que sus compañeros con capacidades diferentes, enfrenta el reto más difícil: permanecer en la unidad Compresora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Y es que la aplicación del Reglamento Municipal de Asistencia Social, les impedirá continuar con su rehabilitación en ese centro, además dejarán de recibir apoyos económicos por parte del DIF. Sin embargo, Azucena como sus compañeros, asegura que no permitirán que los saquen de Compresora.
Es por eso que, tanto padres de familia como personas con capacidades diferentes, conformaron una asociación civil para evitar que el DIF aplique el reglamento municipal. La vocera de esta nueva organización es la abogada Eva Martín del Campo, quien asegura que están dispuestos a iniciar un juicio penal porque el estatuto del sistema viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antes de entrar al centro, Azucena se sentía muerta en vida. Pasaba los días encerrada en su casa y un día decidió pedir ayuda. Ella viaja dos horas diarias para acudir al DIF-Compresora, pues es originaria de Viesca.
Azucena es entrenadora en la unidad del DIF y tiene una beca de 800 pesos quincenales, pero gasta 60 pesos diarios en pasaje, ?si falto un día me lo descuentan. Ahora el personal es muy déspota?, comenta, ?me amenazaron con quitarme el apoyo por quejarme y porque además no soy de Torreón sino de Viesca y por lo tanto dicen que no tengo por qué recibir ayuda del sistema?.
Pero Azucena no tiene miedo de hablar. Tampoco Jesús Salim Navarro, quien tiene 29 años y desde hace 15 acude al DIF-Compresora, primero recibía rehabilitación y ahora es maestro de alfabetización y entrenador deportivo, y a cambio recibe un sueldo de 600 pesos por quincena.
A Jesús también lo amenazaron con quitarle 300 pesos de su sueldo. Dice que todos en el centro tienen miedo, pues primero cerraron el comedor del centro, luego les dijeron que el camión ya no pasará por ellos hasta sus casas y que sólo recibirán 14 meses de rehabilitación para dejar su lugar a otros.
Tanto Azucena como Jesús no pierden la esperanza de que las cosas se resuelvan, que puedan permanecer en la unidad Compresora, porque mientras las autoridades aplican gradualmente el reglamento municipal, las personas con capacidades diferentes viven con el temor de algún día llegar al centro y encontrar las puertas cerradas.
Pero Eva Martín del Campo asegura que eso no sucederá porque la Constitución dice que ninguna Ley puede ser aplicada en perjuicio de las personas en forma retroactiva: ?aquí hay personas que llevan años y no les pueden decir ahora que sólo los van a aceptar 14 meses, porque además otro Artículo establece que no pueden ser privados de sus derechos sino mediante un juicio de tipo judicial y además tenemos el derecho a un amparo federal. Si el DIF aplica el reglamento estaría incurriendo en un delito que se llama discriminación?.
El Reglamento Municipal de Asistencia Social fue aprobado el 14 de febrero de 2002, y sobre este tema la abogada comenta: ?aquí hay gente que tiene más de 15 años y ya adquirió derechos. Otra irregularidad es que hasta esta Administración les están cobrando el pasaje y la comida, cuando el Cabildo les autorizó recursos para estos rubros?.
Analizarán caso por caso
Rocío García Ortega, directora del DIF, asegura que la unidad Compresora atiende a un promedio de 90 discapacitados. Dice que cada caso es analizado de manera individual pero advierte que hay personas que ya pueden ser dadas de alta.
Sobre la posibilidad de que algunos maestros de la unidad Compresora sean despedidos -y quienes también son personas con capacidades diferentes- la funcionaria dice que se analizará si son aptos para dar clases a sus compañeros.
?Las personas que puedan seguir dando clases lo harán; estamos realizando una reestructuración porque lo que se está dando no es lo adecuado para las discapacidades que enfrentan. Y no tienen por qué sentirse atemorizados porque se verá caso por caso?.
Gabriela Fernández Gutiérrez, la nueva especialista en terapia de rehabilitación del DIF-Compresora, coincide con Rocío García Ortega, pues asegura que después de valorar a varias personas, por lo menos tres ya están en condiciones de ser dados de alta, es decir, ya no requieren de los servicios de este centro porque pueden valerse por sí mismos y por lo tanto pueden dejar su lugar a otra persona.
