Los errores y omisiones de los gobiernos siempre terminan por costarle muy caro a la ciudadanía. Entre las diversas tareas que una Administración federal, estatal o municipal debe desempeñar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, está la ejecución de obras públicas que impacten positivamente ya sea en el medio urbano o rural. De la necesidad de la población nacen los proyectos: una carretera, un distribuidor vial, un puente, un bulevar, drenaje, agua potable. Del bolsillo de la misma, salen los recursos a través de los impuestos. Los gobiernos administran, proyectan y ejecutan, y su obligación es hacerlo bien.
El caso del DVR, construido en el sexenio de Enrique Martínez, demostró que, desgraciadamente, los funcionarios públicos no siempre tienen en mente lo anterior. La que se anunció como la gran obra de la Administración estatal para Torreón está a unos meses de ser demolida y reconstruida, debido a que tiene graves fallas en su estructura. El error de las autoridades ha costado la vida de dos personas en sendos accidentes y millones de pesos: 140 de la obra en sí, 20 de las reparaciones, cinco de los estudios y, por lo menos, 90 millones más del nuevo proyecto.
Otro ejemplo lo da ahora la Administración de Humberto Moreira. La realización de la obra en el llamado Nudo Mixteco se ha visto demorada porque el proyecto original presenta un “detalle”: la elevación del puente invade el cono de aproximación del aeropuerto Francisco Sarabia. Para resolver este problema, la SCT ha sugerido mover la pista 150 metros al oriente. Esto representará una inversión adicional de ocho millones de pesos a los 130 millones proyectados.
Pero el Municipio no se queda atrás. La ampliación de los carriles del bulevar Torreón-Matamoros no contempla la construcción de puentes peatonales. Esta situación, una vez abierta la circulación, representará un grave riesgo para los transeúntes que atraviesen la vialidad. El argumento del Ayuntamiento es que la decisión de instalar los puentes es de las empresas concesionarias; es decir, un asunto de seguridad pública está subordinado a intereses comerciales particulares.
Por todo lo anterior, debe atenderse el exhorto hecho la semana pasada por el Colegio de Ingenieros Civiles a los gobiernos Estatal y Municipal, para que cuiden no sólo la calidad y seguridad de las obras, sino también la elaboración de los proyectos y evitar así que la ciudadanía siga pagando el alto costo de los errores y omisiones cometidos por los servidores públicos.
