El inmenso avance que ha tenido en México el “narcomenudeo” en los últimos diez años, no puede entenderse sin la existencia de tres fenómenos: la corrupción y complicidad de las corporaciones policiacas y otras instituciones gubernamentales; la falta de oportunidades para mejorar la calidad de vida (en el sentido amplio de la expresión) de los ciudadanos y, por último, la apatía de una sociedad que cada vez se involucra menos en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que la aquejan.
Según reportes oficiales, existen en el país más de 35 mil puntos de venta en donde se comercializan tres mil 356 millones de dosis, las cuales generan ganancias a los traficantes por cerca de 16 mil millones de pesos.
Al daño a la salud pública que el creciente consumo de estupefacientes provoca, se añade la estela de delincuencia y violencia que esta ilícita actividad deja a su paso: ejecuciones, enfrentamientos, robos y contrabando de armas.
Las organizaciones criminales han ido adquiriendo un poder que en muchas entidades de la República ya rebasa a la capacidad de respuesta de las autoridades. Pero, además, han sido documentados los nexos que muchos elementos de corporaciones policiacas e incluso funcionarios tienen con el hampa. Complicidad, corrupción e incapacidad, impiden al Estado tomar ventaja en la tan declarada guerra contra el narcotráfico.
Por otra parte, la delincuencia organizada encuentra en una sociedad con profundas desigualdades socioeconómicas un campo fértil para arraigarse y crecer. A la pérdida de principios éticos se adhiere la pobre educación de la mayoría de la población mexicana y la falta de oportunidades para acceder a una vida digna. Estos vacíos tarde o temprano son llenados por las bandas de capos.
Para rematar, sólo una pequeña parte de la ciudadanía parece ser consciente del problema, pero ese mismo sector está desorganizado y rara vez actúa o exige a las autoridades que asuman su papel. La apatía, la indiferencia y el individualismo, convierten a la sociedad mexicana en una masa vulnerable frente a los embates del crimen.
Hasta que no se entienda que la lucha contra el “narco” exige la participación de todos y cada uno de los habitantes de este país, movilizados bajo la dirección de un Gobierno con voluntad y probidad, seguiremos condenados a la derrota.
