El poder de convocatoria de Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre incuestionable. Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la “asamblea informativa” que el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por el Bien de Todos encabezó ayer en el Zócalo, asistieron un millón 100 mil personas. Si el dato es real, estaríamos hablando de la movilización más grande hecha en la capital del país.
Quizá podrían mostrarse sorprendidos quienes pensaron que la “resistencia” del perredista a aceptar el resultado de la elección se iría desgastando conforme pasaran los días, por lo que cada vez aparecerían menos personas en sus manifestaciones. Ya vimos que no fue así. En comparación a la “asamblea” de hace dos domingos, la de ayer por lo menos duplicó el número de asistentes.
Como demostración de fuerza, la movilización de ayer sirve para ratificar algo que ya se sabía: que mucha gente está con López Obrador, que le creen y que están dispuestos a hacer lo que él les pida.
Pero de la misma manera que tiene la capacidad de sumar, AMLO resta. Porque hay mucha gente que no está con él, que reprueba sus maneras, que piensa que el abanderado del partido del Sol Azteca está equivocado y que debería acatar ya el resultado.
Pero la duda se ha sembrado en torno al proceso electoral, por lo que, en aras de la transparencia, la tranquilidad y la democracia, toda sospecha sobre lo que sucedió el dos de julio, durante el PREP y el conteo distrital, debe disiparse. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien tiene la responsabilidad de despejar todos los cuestionamientos y aclarar cabalmente quién fue el triunfador. Pero la decisión de los magistrados debe sujetarse estrictamente a la Constitución, a la Ley y a la verdad, y no ceder ante presiones de ningún tipo, como las manifestaciones de los “lopezobradoristas”, quienes, por cierto, están en su derecho de protestar todo lo que deseen sin afectar a terceros ni alterar el orden público. Pero una vez que se dé el fallo, todos deberán acatarlo, porque la apuesta no puede ser el respeto a la legalidad y a las instituciones sólo cuando me convenga.
La pregunta no es, entonces, si López Obrador puede desestabilizar al país -pues es obvio que con todos los seguidores que tiene sí puede-, sino si quiere hacerlo y hasta dónde pretende llegar en caso de que el dictamen del Trife le sea adverso. Quizá será entonces cuando sabremos si Andrés Manuel era o no un peligro para México.