Lo que sucede en Ciudad Lerdo con el proyecto de construcción de un hospital de segundo nivel en terrenos del Vivero, es un ejemplo claro de la falta de coordinación entre los gobiernos de distinto nivel y la ausencia de comunicación entre éstos y la ciudadanía.
Desde el pasado trienio, el Ayuntamiento de Lerdo ha solicitado a la Federación y al Estado de Durango recursos para la construcción de un nosocomio en el municipio. La Administración de Luis Fernando González Achem terminó en septiembre de 2004 y pese a sus constantes gestiones no consiguió que la obra se autorizara.
Una de las prioridades que la alcaldesa Rosario Castro Lozano, señaló desde el inicio de su Gobierno fue precisamente lograr la aprobación de una partida presupuestal para la realización del proyecto. En marzo de 2005, se anunció que el Gobierno Federal se había comprometido a liberar 60 millones de pesos para la construcción del hospital. En septiembre inició el proceso de licitación de la obra. Para mayo, el Municipio ya contaba con los diez millones de pesos para la primera etapa y en noviembre, el Municipio decidió que el nuevo nosocomio se erigiría en terrenos del Vivero. Hasta aquí, todo marchaba bien.
Los problemas iniciaron cuando diputados federales por Durango informaron que el Congreso de la Unión no contempló en el Presupuesto de Egresos los 50 millones de pesos para la segunda etapa del edificio. Inmediatamente, los sorprendidos gobiernos Estatal y Municipal se movilizaron para gestionar directamente a la Secretaría de Salud Federal, la cual cuenta con su propio presupuesto, la asignación de los recursos, cosa que consiguieron.
No obstante, los problemas no acabaron ahí. Ciudadanos de la periferia de Ciudad Lerdo cuestionaron la ubicación del hospital porque les quedaría muy lejos. Pero ahora, este reclamo se suma a uno mayor: los integrantes del Ejido Lerdo aseguran que se está violando un convenio, firmado cuando el Estado dio en comodato el Vivero al Municipio, en el que se establece que los terrenos no podrán ser usados para fines ajenos a una reserva ecológica. Y mientras el gobernador Ismael Hernández Deras, apoya la decisión de la alcaldesa, la Secretaría de Medio Ambiente de Durango da la razón a los opositores de la obra. Menuda controversia.
El hecho exhibe la torpeza de las autoridades y su falta de coordinación y de comunicación con la sociedad y por eso, una obra de primera necesidad para la población lerdense, está en riesgo.
