La incapacidad de las autoridades para generar fuentes de empleo bien remuneradas, ha traído como consecuencia el incremento del comercio informal. El fenómeno que en sus primeros años fue minimizado, hoy está fuera de control.
De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Libertad y Democracia, la ilegalidad en México representa activos por un valor de 597 mil millones de dólares, la cifra representa nueve veces las cifras internacionales totales en 2005; tres veces la Inversión Extranjera Directa en el periodo 1979-2003 y 62 veces el total de la asistencia oficial para el desarrollo recibida en el periodo 1960-2003.
El 53.2 por ciento de la población mexicana desarrolla parte de sus actividades en la economía extralegal. La inadecuada fiscalización, el exceso de regulaciones y trámites, y sobre todo, las políticas macroeconómicas aplicadas en los últimos años, de evidente corte neoliberal, han hecho de la economía informal, junto a la emigración a los Estados Unidos, una alternativa de subsistencia ante la incapacidad del modelo de desarrollo para generar los empleos que demanda una población en constante aumento.
El tema siempre genera controversia, ya que mientras para unos la informalidad es un factor dañino a la economía pues estimula la evasión de impuestos, la competencia desleal a los negocios formalmente establecidos, corrupción y en ocasiones delincuencia; para otros representa una válvula de escape en la que han encontrado un medio de subsistir ante la carencia de empleos en el sector formal de la economía.
El problema ha crecido a pasos agigantados, por lo que es una de las principales asignaturas pendientes que debe atender el próximo presidente de la República, ya que al no poderse combinar para generar valor agregado, ni hacerse líquidos para generar inversión, los activos de la informalidad son un capital muerto.
