La advertencia realizada por Organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores, la disidencia del Congreso del Trabajo y del Frente Sindical Mexicano, de realizar un paro nacional de actividades es una amenaza que el Gobierno Federal no debe tomar a la ligera.
El motivo de la movilización es para apoyar al ex dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, de quien se desconoce el paradero y actualmente es investigado por las autoridades debido a que es acusado de robo, abuso de confianza, fraude y encubrimiento.
En este contexto la Presidencia de la República calificó de evidente la corrupción “en grado extremo, en grado sumo” del ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia.
Entre las primeras acciones que realizarán los líderes de los obreros se encuentra la marcha que harán hoy martes al Zócalo capitalino en demanda de la destitución del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz.
La semana pasada Torreón fue testigo de cómo se suspendió la derrama económica con el paro de labores realizado por los trabajadores de Met-Mex Peñoles que, en caso de haberse alargado, las consecuencias hubieran sido por demás catastróficas. La misma situación se vivió en la zona carbonífera de Coahuila con el paro en el Grupo Acerero del Norte. En ambos casos las pérdidas fueron millonarias.
Para muchas voces la protesta tiene como verdadero objetivo el detener futuras indagaciones contra los líderes sindicales, quienes es de todos sabido la mayoría de ellos amasan cuantiosas fortunas y no precisamente por sacrificarse por los trabajadores que “defienden”. Y es que en nuestro país los sindicatos constituyen monopolios legales que restringen el acceso al empleo, al limitar a las empresas la contratación de personal para que ocupe ciertos puestos.
Sin duda el paro laboral, en caso de realizarse, sería un fuerte golpe a la economía nacional, pero también es cierto que el Gobierno Federal no puede ceder a chantajes, ni presiones. En caso de haber actos de corrupción en el sindicato minero, estos deben ser investigados y castigar a los culpables porque finalmente la Ley no se negocia.
