Notable resulta a estas alturas, la férrea oposición de autoridades de todos los niveles por transparentar el uso de los recursos públicos. Se realizan toda clase de maniobras dilatorias y se aprovecha cualquier resquicio en la legislación vigente para evitar la puntual rendición de cuentas. Simple y llanamente aún son muchos los gobernantes que consideran a la ciudadanía -la misma a la que suplicaron el favor del voto en tiempos de campaña- como inmerecedora del elemental derecho de conocer exactamente qué se hace con los recursos del erario, con el dinero que es de todos.
Durante el pasado mes de noviembre, la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (CAIPED), realizó una verificación de las páginas Web y el resultado no pudo ser más significativo: sólo ocho de los 39 municipios duranguenses cuentan con su correspondiente página de Internet, mientras que de las 86 entidades públicas que están obligadas a mostrar información como organigrama, salarios de servidores públicos o estados financieros, sólo tres de ellas lo cumplen cabalmente.
De las 86 entidades públicas obligadas a difundir de oficio, por lo menos información como su estructura orgánica, los servicios que presta, así como el directorio de servidores públicos, el salario mensual por puesto, entre otros, sólo tres cumplen: la propia CAIPED, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el H. Congreso del Estado. Pese a que han pasado más de 16 meses, para los miembros de la comisión, el hecho de que la mayoría de las Administraciones municipales aún no cuenten con página en Internet, no significa que han incumplido totalmente con la Ley de Estatal de Acceso a la Información, ya que en promedio registran un avance del 20 por ciento en el esfuerzo.
Sin embargo, hay que ponderar el hecho de que el contar con una página en Internet y mostrar en ella la información básica significa sólo el primer paso hacia la consolidación de una cultura de transparencia; y la dilación, los yerros y omisiones dan perfecta cuenta del nivel real de compromiso que existe. Los puestos, sueldos, manejo de recursos y en general toda la información pública son precisamente eso y la ciudadanía tiene pleno derecho a conocerlos, aunque a las autoridades no les agrade.
