Una vez más los intereses partidistas se anteponen a los de la nación. Al concluir el debate el pasado martes, parecía que se abría una puerta para establecer un pacto de civilidad donde la guerra sucia se eliminara y el debate de las ideas fuera el motor de los cierres de campaña. Hoy el escenario es distinto.
La acusación de Andrés Manuel López Obrador contra Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón, de haber recibido contratos en la Administración pública federal en el tiempo en que su familiar fue funcionario del Gabinete, ha empañado seriamente el proceso electoral. El pasado viernes panistas y perredistas intercambiaron descalificaciones y poco faltó para que los golpes se hicieran presentes.
Por si fuera poco, el PRD ha condicionado la firma del pacto de civilidad. La exigencia es aplicar una auditoría al padrón de votantes lo cual pareciera una provocación o una descalificación gratuita al Instituto Federal Electoral, ya que la última revisión se realizó en mayo de 2005 y fue aprobada por todos los partidos.
A poco tiempo de que se realicen las elecciones no es conveniente descalificar al IFE, ya que este tipo de posturas sólo contribuye a polarizar más el ambiente. La turbulencia está de regreso y existe el peligro de que el pacto de civilidad no sea firmado el próximo martes, lo que sin duda representaría un retroceso en la vida democrática del país y sólo contribuiría al descrédito que tiene la clase política.
