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El tiempo coloca, finalmente, a cada quién en el lugar que le corresponde. Qué absurda resulta hoy, aquella campaña orquestada en la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno del Estado, en donde se acusaba de ser enemigos del progreso a todos los que cuestionaban la llamada obra cumbre del sexenio martinista en La Laguna: el Distribuidor Vial Revolución. Igualmente resultan hoy hasta ridículas las posturas asumidas por ciertos actores del espectro económico y político local que ?compraron? sin mediar argumento alguno y mucho menos pruebas, lo que ?vendía? el entonces funcionario Jorge Viesca Martínez.

Hoy, los papeles se han invertido y los datos técnicos avalan que aquellos que orquestaron la campaña y también los que la apoyaron son verdaderamente los enemigos del progreso. Tanto el gobernador Humberto Moreira como el alcalde José Ángel Pérez, coinciden no sólo en que el Distribuidor Vial Revolución requiere una reparación integral, sino además que se necesita fincar responsabilidades legales para reclamar las fianzas para solventar las reparaciones.

Por lo pronto, Humberto Moreira anunció que en el transcurso de la primer semana de enero se dará a conocer el resultado del estudio técnico que se realiza actualmente a la obra para determinar dónde se generó la falla de esta obra, y también se informarán las medidas para alcanzar una solución de fondo; que es evidente que hay fallas, que tienen que darse a conocer los resultados del estudio de fondo, para determinar dónde está el problema de la obra, en el proyecto o en la construcción.

José Ángel Pérez sostiene que es indispensable llegar al fondo del asunto y ?que no quede impune el error del Distribuidor Vial?.

Como gran lección queda el que ya no es posible insistir en una mentira, ya que por decirla mil veces, no se convierte en verdad. Las mentiras caen, tarde o temprano, por su propio peso y el Distribuidor Vial Revolución es prueba de ello. Que las autoridades presentes y futuras tengan siempre presente que la sociedad lagunera termina por imponer lo que es justo y de beneficio colectivo, sobre las agendas personales o los compromisos políticos.

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