El pasado lunes cinco de febrero, alrededor de las 19:50 horas, un comando armado con explosivos y rifles de asalto tipo AR-15 y AK-47 ingresó en la Redacción de un diario matutino, arrojó una granada y baleó a un reportero. Luego del atentado, los sujetos encapuchados huyeron y hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han dado con su paradero.
Lo anterior no sucedió en Colombia ni en algún país de Oriente Medio, ocurrió en la frontera norte de México, en el periódico El Mañana, de Nuevo Laredo y el periodista Jaime Orozco Tey, se encuentra internado en terapia intensiva con cinco heridas de bala.
El hecho genera indignación y motiva el repudio inmediato porque está en peligro, primero, la vida de personas, profesionales de la comunicación y segundo, la libertad de expresión en este país y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
El vergonzoso acontecimiento es un golpe directo a la sociedad mexicana, como lo han sido los recientes crímenes y desapariciones de otros periodistas y obliga al cuestionamiento: ¿qué garantías existen para ejercer una profesión tan honorable como el periodismo si, con toda facilidad, un grupo de sicarios puede entrar a un medio de comunicación, hacer detonar un explosivo y disparar contra quienes ahí se encuentren, para luego huir sin que nadie los detenga y los castigue? ¿puede sentirse cualquier ciudadano seguro luego de este oprobioso y cobarde acto? ¿dónde están las autoridades, las instituciones, el poder del Estado? Lamentablemente, los hechos no dejan margen de respuestas.
Ante esta violencia, es urgente que la sociedad actúe para defender su bienestar, su seguridad y sus derechos, y exija al Gobierno que asuma su papel como guardián de los intereses de la ciudadanía; o ¿cuántas víctimas más tiene que haber para que esto ocurra?
