WOLA| PARTICIPAN DIRIGENTES GREMIALES EN COLOQUIO DE LA OFICINA DE WASHINGTON PARA AMÉRICA LATINA.
Rosario González, maestra a lo largo de 25 años, busca esclarecer las muertes de su marido y su hermano; dudan que el caso tenga relación con la crisis actual en la entidad.
AP
WASHINGTON.-Rosario González tuvo esta semana la oportunidad de contar su historia en Washington.
En realidad la ha contado cuando menos en dos apariciones públicas. En cada vez oyó sólo silencio y también lloró.
En 1987, dijo, su esposo, un dirigente magisterial, fue asesinado. Se quedó viuda, con cuatro hijos. Uno de sus hermanos se hizo cargo de la familia y cuando éste investigaba la muerte de su cuñado fue secuestrado, desaparecido y nueve meses después encontrado convertido en un montón de huesos. Ella asumió entonces el trabajo de investigar ahora no una sino dos muertes. Pero, en ese empeño dos de sus hijas fueron heridas al ser atropelladas por un carro.
"Soy profesora con 25 años de servicios en Oaxaca, México y he venido a decirles que todos esos casos y otros más no han sido esclarecidos", dijo a su auditorio, la primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la segunda en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
Algunos activistas, sin embargo, opinaron que hay escasa relación entre el caso y la huelga indefinida iniciada el 22 de mayo por unos 70 mil maestros de Oaxaca y que ha derivado en violentos enfrentamientos con las fuerzas públicas y graves daños económicos a Oaxaca.
"Esta es una lucha que dura ya más 25 de años", afirmó Concepción Hernández, de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), al participar con González y otros dirigentes gremiales de Oaxaca en un coloquio en WOLA, una organización de análisis regional.
De los 32 estados que tiene México, Oaxaca es uno de los de mayor marginación y penúltimo en desarrollo humano; es el estado con la mayor diversidad cultural y étnica, y alberga a 570 municipios o el 25 por ciento del total de la república. Pero el promedio de educación es de 6.4 grados comparado con 8 nacional.
En los cinco meses de huelga magisterial, según el Gobierno mexicano, 1.3 millones de niños y adolescentes no van a la escuela, unos dos mil trabajadores de servicios han sido despedidos, hay graves daños en el centro histórico de la ciudad (declarada Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas) y las pérdidas económicas en el turismo e industria artesanal se calculan en unos 300 millones de dólares.
La historia del magisterio de Oaxaca no tiene paralelo en América Latina. Hasta los años 80, el magisterio como gremio "hacía y deshacía" las cosas en Oaxaca, incluyendo el control de las presidencias municipales y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"Llegó un momento en que nosotros dijimos ¡basta! y que el magisterio se dedique a lo que debe hacer y deje la política para otros", dijo Hernández. "Allí empezó un proceso de democratización del magisterio oaxaqueño y casi lo hemos logrado".
Hernández dijo que como consecuencia de la separación del magisterio de la gran corriente política del PRI, el partido que gobernó México durante 70 años hasta el año 2000, el Gobierno local formó "grupos de choque" para reprimir y hostilizar a los disidentes.
En los 80, uno de esos grupos se llamó Vanguardia Revolucionaria y "empezó a atacarnos, se filtró en nuestras organizaciones y generó peleas, broncas y disputas entre maestros, con su secuela de muertos", entre los cuales figuraban los familiares de González, dijo Hernández.
La violencia en el seno del magisterio se disipó pero no ha desaparecido y ahora con la participación del Gobierno de Oaxaca, "tanto local como estatal, ha surgido otro grupo de choque llamado CCL (Consejo Central de Lucha), que está haciendo contra-labor en las escuelas", agregó.
Según la versión del Gobierno expuesta ante la CIDH, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SiNTE) presentó un pliego de reclamos y meses después, el 22 de mayo, inició una huelga que virtualmente ha paralizado la ciudad.
El Gobierno del Estado ofreció una respuesta "de acuerdo a sus posibilidades", pero fue rechazada y para restablecer el orden público implementó un operativo en el centro histórico de Oaxaca que tampoco logró su propósito.
Al magisterio se sumó entonces el apoyo de otras organizaciones dando nacimiento a la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que de las demandas gremiales pasó a demandas políticas al exigir la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz, como única forma de resolver el conflicto.
Ruiz, miembro del PRI que ganó en el 2004 al frente de la coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña, ha dicho que no renunciará y se ha asegurado de mantener vigente el estado de derecho y funcionamiento del poder judicial, aun cuando los tribunales locales están afectados en un 25 por ciento, dijo el Gobierno mexicano ante la CIDH.
Agregó que "el problema afecta únicamente a la capital del estado", por lo cual el Senado rechazó la semana pasada el pedido de "desintegración de poderes" en Oaxaca formulado por APPO y el magisterio.
El Gobierno mexicano dijo que debido al avance de las negociaciones estaban dadas las condiciones "para esperar un retorno a clases este mismo mes". Pero los activistas no lo creen posible.
La CIDH, entretanto, tiene ahora frente a sí un pronunciamiento sobre si los derechos humanos están en entredicho o no en el conflicto oaxaqueño.
