Una magistrada declara inconstitucional el programa debido a que viola los derechos a la intimidad de los ciudadanos de EU.
EL UNIVERSAL-AEE
WASHINGTON, EU.- Una juez federal de Detroit ordenó ayer interrumpir de forma inmediata las escuchas telefónicas sin autorización judicial que el presidente de EU, George W. Bush, respaldó como arma fundamental en su lucha contra el terrorismo.
La magistrada Anna Diggs Taylor, emitió un fallo en el que considera que el programa de espionaje puesto en marcha por el Gobierno dentro de EU es inconstitucional.
Según ella, viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como la separación de poderes que consagra la Constitución estadounidense.
?No hay poderes que no estén creados en la Constitución?, señala la magistrada en su resolución judicial. Su fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU, en inglés) contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos que el Gobierno de Bush puso en marcha después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
?Los demandantes se han impuesto y el interés público de este asunto es claro?, añade la juez.
La ACLU había denunciado el programa en representación de un grupo de periodistas, abogados y profesores alegando que su trabajo se veía dificultado por las escuchas porque sus contactos en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podrían mostrarse recelosos a compartir información por teléfono, por temor a estar siendo espiados.
Las críticas al programa van más allá de las organizaciones civiles como la ACLU, ya que también los políticos -especialmente los demócratas pero también algunos republicanos- cuestionaron el hecho de que el Gobierno se haya podido extralimitar en sus funciones.
Apelarán resolución
Desde el Gobierno, el Departamento de Justicia, en representación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -que es la que puso en marcha el programa-, ya ha anunciado que apelará la resolución.
Ha reiterado, a través de un comunicado, que el conocido como ?programa de vigilancia terrorista? es una ?herramienta esencial? en la guerra contra el terrorismo, protege las libertades civiles y respeta la legalidad.
?En el conflicto actual con Al Qaeda y sus aliados, el presidente tiene la obligación primordial (...) de proteger a los estadounidenses?. La Constitución otorga al presidente la autoridad necesaria para cumplir esa solemne obligación ?y creemos que el programa es legal y protege las libertades civiles?, añade la nota.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, manifestó que la resolución judicial de hoy es ?el último ejemplo de que la Administración ha puesto en peligro nuestros esfuerzos en la guerra contra el terror?.
