El Siglo de Durango
Ayer salieron a relucir más actitudes violentas por parte del alcalde panista de Cuencamé, Pablo Carrillo Montalvo, y no sólo fueron las que presuntamente cometió contra estudiantes en esa cabecera municipal y en Gómez Palacio, sino que también ya había antecedentes de su caldeado temperamento, denunció el diputado Antonio Ramírez Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dijo que en 2004 su equipo de campaña fue amenazado de ser agredido con un bat por este sujeto.
La más alta tribuna del estado se convirtió en un sitio en donde los legisladores empezaron a sacarse ?los trapitos al sol?, pero lo más grave fue lo que presuntamente cometió el Presidente Municipal de Cuencamé, quien no sólo se ha caracterizado por un carácter violento y poco paciente, sino que también se le acusó de múltiples denuncias que han sido presentadas en su contra por supuesta malversación de fondos públicos.
Aún no se ha pedido juicio político contra él por parte de la fracción del PRI, indicó Ramírez Guzmán, puesto que primero el Ministerio Público (MP) tendrá que determinar si hay o no responsabilidades penales en su contra, por las acciones que han sido denunciadas, principalmente por los estudiantes que supuestamente fueron agredidos.
Ya una vez que determine el MP sobre la situación jurídica del Presidente Municipal, y si se reúnen los elementos delictivos, es posible que se pida el juicio político por esta vía, pero no antes, indicó el legislador.
Como se recordará, varios estudiantes fueron presuntamente agredidos físicamente por Pablo Carrillo, porque al parecer estaban repartiendo volantes en donde descalificaban su actuación.
También existe el antecedente, según destacó el legislador, de que por diferencias con un regidor también arremetió contra él a golpes.
Sin embargo, pidió a su vez que se le investigue por las denuncias presentadas ante la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (Secomad), por varias supuestas irregularidades al adquirir material más caro que el originalmente cotizado, contratación de maquinaria pesada con familiares de él, supuesta adjudicación de obra que otorgó por aparentes compromisos de campaña y hasta desvío de recursos al beneficiarse directamente con material para construcción para su rancho ?Las Amarillas?.
Todo lo anterior se recrudeció tras mostrar imágenes del Alcalde en estado de ebriedad, cuando fue detenido por elementos de la Policía Preventiva en la Feria de Gómez Palacio, en donde agredió a algunos elementos y en donde acusó al gobernador, Ismael Hernández Deras, de tener una consigna en su contra. Las imágenes fueron transmitidas en varios medios de comunicación.
La tribuna fue utilizada también por otros legisladores como Lorenzo Martínez Delgadillo, Juan Carlos Gutiérrez y Juan Quiñones Ruiz, todos del PAN, quienes lamentaron las acciones del Alcalde panista. Solicitaron una investigación a fondo de los hechos, pero también que se le respete su derecho de audiencia y que todo se conduzca conforme a la legalidad.
Sin embargo, los panistas no dejaron pasar la oportunidad de mencionar algunos otros ?pendientes?, a los que supuestamente no le han querido entrar los del PRI, como han sido los casos de otros municipios como Vicente Guerrero del Partido del Trabajo (PT), Nombre de Dios del PAN, y El Oro y Mezquital, ambos del PRI, que supuestamente también tienen irregularidades administrativas.
También mencionaron el caso de la consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvia Guzmán Hernández, tía del diputado Antonio Ramírez, a quien se le acusa de haber sido detenida por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como tener una denuncia de sustracción de medicamento de la Secretaría de Salud (Ssa), pero del que ya el Congreso del Estado está tomando cartas en el asunto para que presente su renuncia.
A su vez, mencionaron el caso donde un auxiliar del diputado Carlos Aguilera, que presuntamente había cometido el delito de violación en contra de una menor y del que no se había resuelto nada en su momento. Pero esto fue refutado nuevamente por los priistas ya que el presunto responsable Salvador Arreola Soria, hermano del titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), se encuentra ya recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1.
Por su parte, la diputada Lilia Velia Carranza García, del Partido del Trabajo (PT), lamentó que tanto el PRI como el PAN estuvieran tratando de poner una ?cortina de humo? en el grave asunto que ha sucedido y demandó de sus compañeros mayor responsabilidad y compromiso para el cargo que fueron electos y realmente entrar al tema de la fiscalización; sin embargo, no dejó de reprobar los hechos en donde ha estado involucrado el Alcalde de Cuencamé.
Improcedentes denuncias
La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado tiene pendientes siete denuncias al interior, de las que prevé todas y cada una se desechen, incluyendo una contra el alcalde de Cuencamé, Pablo Carrillo Montalvo, distinta al asunto en donde lo denuncian estudiantes por supuestas agresiones en contra de ellos.
Según el presidente de esta Comisión, Héctor Carlos Quiñones Ávalos, existen por lo menos cinco denuncias que incluso ya están caducas o no proceden porque los supuestos funcionarios que eran señalados ya no lo son.
Así por ejemplo está la denuncia contra el ex procurador José Luis Carrillo, otra contra el ex presidente municipal de Pánuco de Coronado, Sergio Orona, desde 1999; también contra el ex juez Francisco Luis Quiñones en el 2006, el ex presidente municipal de Nazas, José Ángel González Soto desde el 2002 y otra más contra el ex secretario de Educación del Estado, Adrián Laveaga, que, dijo Héctor Carlos Quiñones, no procederán por falta de elementos.
Hay otra contra el Presidente Municipal de Cuencamé desde el 2005, distinta al caso actual; también, contra el Alcalde de Nuevo Ideal en febrero del 2006 y otra en el mismo año contra el Munícipe de Peñón Blanco.
