El ambiente de operación para
el próximo Gobierno se empieza, pues, a vislumbrar a partir de la bulliciosa actividad legislativa.
¿Quién dice que el Congreso Federal no es capaz de legislar en medio de un ambiente político agitado? Si vemos, en las últimas semanas el trabajo legislativo ha sido muy intenso con los diputados aprobando y enmendando Leyes como nunca se ha visto. El problema es que muchas de esas leyes, según parece, se despachan de manera vaporosa, sin mayor análisis, lo que hace que el futuro del país se vea como un cuadro de Picasso.
El caso más extravagante ha sido el de las leyes de radio y televisión, y telecomunicaciones, que a pesar de las advertencias por parte de algunos sectores de la opinión pública, de ser una Ley notoriamente beneficiosa para los dos consorcios televisivos más grandes del país, se aprobó, se turnó al Senado y se promulgó sin mayor trámite.
El colmo del ridículo fue para el líder de la bancada perredista en la Cámara, el diputado Pablo Gómez, quien admitió no haber revisado bien lo que él y sus copartidarios habían aprobado. De manera que el mismo que en octubre de 1982 propuso la loca idea de expropiar Televisa, terminó aprobando una Ley que amplía sus prerrogativas.
El martes pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó también la Ley Federal de Competencia Económica, la cual pretende resguardar la competencia en los mercados y eliminar las prácticas monopólicas.
A reserva de valorar sus verdaderos efectos, lo que se infiere es un menoscabo significativo del poder concentrado por Teléfonos de México que a todas luces avasalla a cualquier otro competidor en su ramo. Curiosamente, empero, fortalecería más a Televisa al abrirse espacios para que esta empresa televisora incursione en la red de telefonía nacional.
El ambiente de operación para el próximo Gobierno se empieza pues a vislumbrar a partir de la bulliciosa actividad legislativa. Por un lado, se vuelve predecible el incremento de la hegemonía de las televisoras comerciales que a pesar de competir entre sí prácticamente ofrecen la misma variedad de programas baladíes; pero por otro lado es clara la necesidad de fomentar la competencia para aumentar también la competitividad del país.
Pero no es todo. Está por aprobarse en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de fomento para la lectura y el libro que ya fue previamente aprobada por el Senado el pasado 16 de marzo. Esta iniciativa fue empujada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y tiene por objeto lograr un precio único de venta al menudeo para cada publicación que se edite o importe en territorio nacional.
A primera vista suena bien. Los pocos bibliófilos del país podríamos contar así con precios fijos en los libros, pero si vemos con mayor detenimiento las implicaciones de dicha Ley, tal como se ofrece eliminaría precisamente aquello que se quiere fomentar a través de otras reformas de Ley, es decir, la competencia entre los distribuidores de libros.
Es preciso saber que la diferencia que existe en el precio de un libro entre una librería y otra se debe a ajustes en los márgenes de utilidad, a eficiencias operativas y a la compra por volúmenes, todo lo cual beneficia de manera directa a los lectores. Sin embargo, imponer un precio mínimo a los libros podría ser contraproducente al trasladar a los lectores las ineficiencias de las editoriales, además de que ahuyentará a los importadores de libros españoles y sudamericanos.
Lo que realmente se esperaría del Congreso, aprovechando la dinámica en la que está envuelto, sería que retomara iniciativas que se han desechado por los supuestos costos políticos que tendrían pero que económicamente son vitales para la viabilidad futura en los próximos años: la reforma fiscal integral, la reforma integral al sistema de pensiones, la reforma energética y la reforma laboral, entre otras.
Economista y analista de las relaciones internacionales
kerber@itesm.mx
