Como es ya ampliamente sabido, en la ideología neoliberal, el retiro del Estado de la economía económica, y de sus responsabilidades sociales, es una condición fundamental para el buen desempeño del mercado, ya que éste funciona eficientemente asignando los recursos económicos de manera óptima en el sistema económico, y por ello es la mejor vía para el bienestar social.
Dicha ideología ha sido llevada, diríamos, a la categoría de una suerte de filosofía humanista, en la medida que postula que la libertad de mercado es la esencia de todas las libertades humanas; por lo tanto, quien atente contra aquélla lo está haciendo contra el avance de la humanidad.
Tal reza el credo, que en una de sus formulaciones prácticas es conocido como el Consenso de Washington, del cual los tecnócratas y los gobiernos (de buena parte de los países emergentes, antes subdesarrollados) han abrevado la sabiduría para instrumentar las políticas económicas en poco más de dos décadas, siendo la privatización de las empresas públicas parte esencial de dicha estrategia.
Es así como en nuestro país el espíritu y la letra de esta doctrina ha sido aplicada muy diligentemente, en un principio por los tecnócratas educados en las universidades estadounidenses (principalmente), y en los últimos años por los propios dueños del capital, o representantes de los mismos. Ya en pleno apoderamiento del Estado, vienen empujando fuertemente para llevar esta política a fondo. Y es que si las primeras reformas no han dado los resultados esperados, sino todo lo contrario, no es por culpa de las éstas, dicen, sino que hacen falta más, lo que llaman las reformas de segunda generación.
En efecto, como todo mundo lo puede constatar los resultados de la privatización en nuestro país, y al parecer en toda América Latina, han sido desastrosos, no obstante los encargados de velar por el cumplimiento del Consenso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), señalan que por unas malas experiencias que se han tenido no se puede condenar la privatización, dicen además que lo que pasa es que la población es muy impaciente para esperar los beneficios de las reformas. ¿Será?
Pues en el caso de México, ?algunas de esas malas experiencias? de las que hablan el FMI y el BM nada más le han costado a la población el endeudamiento por varias generaciones por tantos rescates que se han llevado a cabo. El caso emblemático de todo ello es la reprivatización bancaria, su rescate y costoso saneamiento, para después ponerlo en charola de plata a los compradores foráneos, concretándose así la desnacionalización del sistema de pagos; y, lo que es peor, sin que la operación de los bancos signifique un beneficio para los consumidores, debido a lo ineficiente y costoso para el público, en intereses y comisiones, lo cual ha sido ya ampliamente documentado, entre otros organismos, por la Cepal.
En este contexto se ubica la perspectiva del muy probable relanzamiento de la ofensiva tendiente a privatizar el sector energético, Pemex, CLYF, CFE, para lo cual, hoy como ayer, sus proponentes ocultan los móviles ideológicos, y de ganancia desmedida, argumentando, el mejor de los mundos posibles para la población; obviamente, el peor si no se da luz verde a la privatización. Es así como el FMI y el BM están recomendando al próximo gobierno emprender ??reformas estructurales ambiciosas?? en dicho sector.
Difícilmente se puede basar la necesidad de la privatización con argumentos ideológicos exclusivamente, mucho menos tratando de ocultar el móvil que se trata de una actividad económica de alta rentabilidad. Sin embargo se insiste en ello, quizá pensando que la sociedad es ingenua y que no valora la mala experiencia a este respecto, ¿o será que si lo es? Quizá la reciente formación de un frente nacional contra las privatizaciones pueda dar alguna respuesta al respecto. Esperemos de esta instancia ciudadana lucidez, consistencia y actitud propositiva.
En efecto, actitud propositiva, porque de igual manera que es inviable que por motivos ideológicos se intente promover la privatización, lo es el hecho de rechazar la discusión de mecanismos de cooperación entre el sector privado y el gubernamental, los cuales podrían estar enmarcados en una política industrial estratégicamente diseñada para el largo plazo, tendiente a fortalecer la infraestructura productiva de la economía, alejándola de la ?maquilización? que actualmente padece, como resultado de pensar dogmáticamente que el mercado es la mejor política industrial.
López Obrador y otras instancias de la sociedad, han propuesto, entre otras cosas, la construcción de dos o tres refinerías para la producción de gasolinas (por parte de PEMEX, desde luego), lo cual le ahorraría al país divisas y le haría depender menos de las importaciones, amén de agregar valor al petróleo crudo, algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo. Pues ahí tiene Felipe Calderón una buena oportunidad para ?rebasar por la izquierda?, ojalá y no la desperdicie. Hay tareas.
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