Como niño con zapatos nuevos el ciudadano mexicano, consciente de la importancia de su voto, se apresta a participar el dos de julio en la elección de presidente de la República y de integrantes al Congreso de la Unión. Se trata de un acto que va a revelar las preferencias por la orientación política que deba conducir al próximo gobierno.
En esta ocasión se presenta con mayor claridad el perfil de una izquierda democrática, que postula un Estado Social de Derecho, en contienda con un partido conservador que, si bien tiene una larga existencia en nuestro país, no había podido llegar al poder sino hasta el año 2000 y gracias al espejismo del cambio asociado con el llamado “voto útil”.
El rechazo popular al PAN provenía de su posición antihistórica en contra del régimen jurídico emanado de la Revolución y de los derechos sociales contenidos en los artículos constitucionales tercero, cuarto, 25, 26, 27, 28 y 123. Por ello el pueblo ha identificado al PAN como la expresión de una derecha conservadora y clasista.
Las posiciones de izquierda y derecha en la actual contienda están claramente personificadas en los candidatos del PRD y del PAN, como resultó evidente durante el debate del 6-6-6.
Por otra parte, el candidato del PRI, cargando el fardo de los tres gobiernos neoliberales anteriores al del PAN corresponsables del estancamiento de la economía nacional, del desempleo, de la concentración del ingreso y del doloroso aumento de la pobreza, no logró posicionarse a pesar de sus propuestas tardías y de su experiencia en el manejo de los asuntos de gobierno. Es decir, aquí y ahora, su tercera vía no convence y por lo tanto el debate ratificó la fuerza de los dos candidatos que expresan la disputa del momento: la izquierda y la derecha.
Numerosos comentarios desfavorables o muy condicionados despertó el formato del debate, pues no sólo el exceso de candidatos (cinco) ocupó un tiempo que debió haberse repartido entre los tres principales, sino que la forma de plantear los temas como simples enunciados, sin ninguna elaboración política, tampoco propiciaron el cuestionamiento entre ellos, con objeto de precisar sus diferencias en los temas de la agenda y dar mayores elementos para la decisión el día de la elección.
Estas condiciones que forman parte de una cultura democrática madura, igual que el formato del debate y la conducción de la moderadora sujeta a reglas acordadas por los partidos y el IFE, no propiciaron que los candidatos pudieran debatir sus razones y diferencias y en especial revelar los intereses que representan.
Podríamos sintetizar el deseo ciudadano como la búsqueda por un desarrollo económico y social que disminuya la desigualdad, beneficie a la gran mayoría de mexicanos y abata los índices de inseguridad que han aumentado bajo el neoliberalismo.
Una mejora sustantiva de la economía contribuirá a disminuir la delincuencia, aunque la relacionada con el tráfico de drogas tiene una causalidad más compleja, pero que es necesario enfrentar con sistemas educativos y de prevención distintos al simple uso de la fuerza, con el que nunca se gana.
Durante cerca de medio siglo anterior al neoliberalismo la economía creció, aumentó el empleo y las prestaciones sociales de los trabajadores y México calificó como país en vías de industrialización. Todo ello se vino abajo con el problema de la deuda externa y el ascenso de los cuatro gobiernos neoliberales cuyo lema ha sido “menos Estado y más mercado”.
El crecimiento en las exportaciones-importaciones fue incapaz de permearse al resto de la economía por la falta de un proyecto nacional. El auge del sector externo, acentuado por los altos precios del petróleo y las remesas, no pudo compensar el estancamiento del PIB, la insuficiente creación de empleos y la emigración, la crisis del sector agropecuario y la desindustrialización de la etapa neoliberal. La nación demanda cambiar la política económica y sólo Andrés Manuel López Obrador puede lograrlo, pues Felipe Calderón significa “peor de lo mismo” a pesar de autonombrarse “presidente del empleo”; se trata de otra mentira del PAN, como lo demostraron las incumplidas promesas de Vicente Fox.
En la última parte del debate se evidenció una forma de hacer negocios y conseguir contratos en el sector público que urge sujetar a una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación para evitar el conflicto de intereses que propician las prácticas actuales de otorgar concesiones a empresas privadas, ante la ausencia de cuerpos profesionales del propio sector público, los que fueron desmantelados por el neoliberalismo y que serían los indicados para prestar con lealtad los servicios técnicos y de alta especialización requeridos y fácilmente susceptibles de corromperse en perjuicio de la gestión eficiente y honesta. El servicio público requiere un escrupuloso manejo de los asuntos que involucren ganancias de particulares y de una impecable transparencia en la rendición de cuentas.
