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Periférico| Inseguridad jurídica, problema social

Arturo González González

La cifra habla por sí sola: 50 mil familias de Torreón no están seguras de ser propietarias del terreno en donde han fincado su casa. Esto representa la quinta parte del total de predios censados por Catastro Municipal. Los posesionarios de esas viviendas carecen de escrituras, no pueden heredar sus inmuebles ni venderlos o transferirlos, viven con el temor constante de ser desalojados y, por si fuera poco, en muchos casos tienen que volver a comprar la tierra sobre la cual han vivido durante años y por la que, incluso, han estado pagando Impuesto Predial y servicios públicos.

El sector del municipio que presenta el mayor problema es el sureste, hacia donde se dio en un principio el crecimiento más importante de la mancha urbana. En esa zona, los antiguos ejidos comenzaron a ser absorbidos por la ciudad y los ejidatarios vendieron los terrenos sobre los cuales se levantaron populosos sectores habitacionales como Las Julietas, Zaragoza Sur, Rincón La Merced, Villas La Merced, José R. Mijares, Villa California, fraccionamiento Latinoamericano, Joyas de Oriente, La Joya, Eduardo Guerra, Lucio Blanco, Las Luisas, sólo por mencionar algunos.

La especulación de tierras provocó que los predios sobre los que se encuentran las viviendas, hayan cambiado de dueño, en algunos casos hasta en tres ocasiones, de manera que muchos de los actuales posesionarios no saben a quién pertenece el suelo que habitan, y viven con miedo de perder su hogar.

La indolencia (¿o complicidad?) de las autoridades dejó que el problema creciera al grado de tener ahora a unas 200 mil personas (un promedio de cuatro integrantes por familia), distribuidas en 40 de las 400 colonias de Torreón, en esta circunstancia de incertidumbre jurídica sobre la propiedad.

En su mayoría, se trata de ciudadanos de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, que con gran esfuerzo pudieron juntar el dinero para hacerse de un lote dónde establecer su hogar. A la difícil realidad que enfrentan cotidianamente se une la inseguridad de no saber a quién pertenece algo que consideraban suyo. Hay casos en los cuales las familias no pueden acceder a servicios básicos ni entrar a programas de apoyos para vivienda debido a que su colonia es irregular.

Hasta el momento y pese a la insistencia de los afectados, ninguna instancia gubernamental ha podido resolver este problema, que ha derivado ya en una inestabilidad social la cual, de no atenderse, puede degenerar en violencia: los que ahora dicen ser dueños de los terrenos de esas colonias solicitarán el desalojo de las familias que, creyendo ser propietarias de los predios, llevan años viviendo ahí y no están dispuestas a perder su hogar.

Además, la inseguridad en la tenencia de la tierra y los riesgos de conflictos provocan también incertidumbre entre los inversionistas. Una compañía que contemple a Torreón como posible residencia de una de sus empresas, no dudará en voltear hacia otro lado al darse cuenta del problema que existe en el municipio. Esto trae como consecuencia menos empleo, más pobreza y más inestabilidad. El asunto, pues, es un polvorín.

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