La división de la Comarca Lagunera en dos entidades federativas representa para las autoridades y los pobladores serios problemas e incomodidades. Por su cercanía, los 15 municipios que conforman la región comparten una misma dinámica social y económica que obliga a los gobiernos, empresas y ciudadanos de ambos lados de la frontera entre Coahuila y Durango, a interactuar cotidianamente. Lo que sucede en una parte, repercute directa o indirectamente en la otra.
Esta realidad es mucho más marcada en la zona conurbana de La Laguna. Torreón, Gómez Palacio y Lerdo forman un importante núcleo de casi un millón de habitantes que ?ya sea por cuestiones personales, familiares o laborales? frecuentemente cruzan el lecho seco del río Nazas. Prácticamente, sólo por cuestiones políticas puede diferenciarse a los gomezpalatinos de los torreonenses. De ahí en más todos pueden llamarse laguneros.
Pese a lo anterior, los ayuntamientos de cada una de las tres ciudades hermanas hasta hace poco todavía planteaban la solución de sus problemas de forma aislada y sin considerar la estrecha relación con sus dos vecinos. Asuntos como infraestructura vial, promoción económica y seguridad, eran abordados desde una perspectiva excluyente e inconexa. El crecimiento y la exigencia de la ciudadanía han orillado a las autoridades locales a repensar sus problemáticas ahora con una visión amplia e integral.
Una de las demandas más sentidas de la población conurbana es la inseguridad pública. En los últimos años, a la preocupación por la delincuencia común se ha sumado el temor por el crimen organizado. Ambos fenómenos, más el segundo que el primero, representan un desafío común para las corporaciones de cada municipio y de los dos estados. Los gobiernos han empezado a entender que si hay una balacera en el poniente de Torreón, un ejecutado en Gómez Palacio o venta de droga en la periferia de Lerdo, las tres ciudades se ven afectadas de una u otra forma, y que por eso, la coordinación entre los cuerpos policiacos de ambos lados de la frontera interestatal es una necesidad.
En ese sentido, recientemente ha surgido la idea de crear un Centro de Comando Policial Metropolitano (Metropol) y un Consejo Regional de Seguridad Pública de toda La Laguna, para unificar esfuerzos y competencias y hacer más efectivo el combate al hampa. A la par, reuniones para firmar convenios como la celebrada el pasado ocho de diciembre, comienzan a plantearse como una obligación.
No obstante esta suma de voluntades y sanas intenciones de poco servirá si primero no se analizan pormenorizadamente los orígenes y magnitud del problema de la inseguridad en toda la región, se definen muy bien los objetivos y se establecen estrategias claras y concretas cuyos efectos puedan ser revisados y medidos para una eventual corrección.
La pretensión de crear la Metropol ?que de concretarse significaría un hecho sin precedentes en la República?, plantea cuestionamientos y retos a los gobiernos federal, estatales y municipales, en materia de legislación, organización, infraestructura, coordinación, capacitación, financiamiento, recursos humanos y materiales, líneas de mando y logística. Los ?cómos? y ?hasta dóndes? deben ser atendidos y definidos a cabalidad por todas las autoridades involucradas. No deben ignorarse las diferencias que existen en materia legal y reglamentaria en los estados y municipios así como la disparidad de los recursos de las distintas corporaciones.
Pero, sobre todo, debe existir un compromiso real de cada una de las partes. La debilidad de un solo eslabón, merma la resistencia de toda la cadena.
Por otra parte, formar un consejo regional no implica gran avance si sus miembros no están facultados para tomar decisiones trascendentes y aplicables, de la misma forma que firmar convenios de colaboración entre autoridades no garantiza el cumplimiento de los mismos si no se establecen mecanismos de seguimiento. En ambos casos debe irse más allá del discurso y el acuerdo.
Si se soslayan los puntos anteriores, posiblemente los esfuerzos y recursos empeñados en crear en La Laguna un frente común efectivo contra la delincuencia quedarán, como hasta ahora se ha visto en el país, en costosos e inútiles intentos.
Ojalá las buenas intenciones de los gobiernos estatales y locales se transformen en acciones contundentes antes que el crimen sacuda a la sociedad lagunera como lo está haciendo en Michoacán, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana o Guerrero.
