Una mujer de nombre Lydia Cacho escribió un libro titulado Los demonios del edén, en el cual narra los casos de decenas de menores de edad obligadas a sostener sexo mientras eran grabadas. En la investigación, la autora involucra al empresario maquilador Kamel Nacif Borge con Jean Succar Kuri, presunta cabeza de una red de pornografía infantil, quien se encuentra detenido.
La reacción del industrial fue denunciar ante la Procuraduría de Justicia de Puebla a la periodista por difamación. Cacho fue aprehendida el 16 de diciembre del año pasado en Cancún, Quintana Roo, por autoridades poblanas, pero unos días después fue puesta en libertad bajo fianza y actualmente enfrenta un juicio.
Ayer, a nivel nacional se dio a conocer el contenido de la grabación de unas conversaciones telefónicas entabladas entre el denunciante Nacif Borge y el gobernador priista de Puebla, Mario Marín Torres; el mandatario estatal de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y Luis Ángel Casas, ex coordinador de finanzas de la campaña electoral de Marín Torres.
Los diálogos, cargados de misoginia y expresiones soeces, revelan una serie de maniobras realizadas por funcionarios poblanos a petición del gobernador y del poderoso industrial para que Lydia Cacho fuera encarcelada sin que se respetaran sus garantías y derechos, poniendo en riesgo su integridad física. Dichas conversaciones se llevaron a cabo entre la detención de la periodista y su liberación.
El hecho ha sacudido a la opinión pública nacional y a los medios de comunicación, y no es para menos. Esta indignante situación pone al descubierto, una vez más, que la política en México está al servicio de intereses de grupos de poder que tienen la capacidad de corromper y mover toda una estructura gubernamental a su beneficio con el objetivo de dañar a una persona, en este caso una periodista.
Más allá de la posible culpabilidad de Nacif Borge sobre la acusación de pederastia, y de la filtración de grabaciones de conversaciones privadas, este evidente caso de tráfico de influencias y de torcido y perverso manejo de la función pública, no debe quedar impune.
