A cinco meses de la tragedia las autoridades dejan solas a las familias de las víctimas: Carlos Rodríguez Rivera.
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- A cinco meses de la tragedia en Pasta de Conchos, los familiares de los mineros muertos están cansados. Les pesa el abandono de las autoridades estatales y federales, pero la recomendación de la CNDH revitaliza el deseo de hacer justicia, que los mantiene a la espera todavía aguardando afuera de la mina por los restos mortuorios y el deslinde de responsabilidades.
?No hay una respuesta a la exigencia principal de los familiares que consiste en el rescate de los cuerpos, sólo uno ha sido rescatado y la exigencia de un deslinde y sanción de responsables?, manifestó Carlos Rodríguez Rivera, sacerdote jesuita y coordinador del Centro de Reflexión y Acción Liberal (Cereal).
Dijo que aunque el Gobierno de Coahuila tuvo un protagonismo importante los primeros días de la explosión, su presencia ha ido disminuyendo, de tal manera que los representantes del Estado, que habían tenido una presencia incluso extralimitada, hoy se han retirado.
?Los dejaron solos el Poder Ejecutivo de la Federación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del Estado, éstas tres instancias son las que podrían estar actuando para comprometer a Minera México en la entrega de los cuerpos, pero no lo hacen?, indicó.
Explicó que la empresa ha hecho una modificación unilateral del trato hacia las familias, pues cercó el acceso a la mina y las retiró del lugar, además de que se suspendió la entrega de información.
?Se les ha dicho a las familias que se tienen que retirar a sus casas, que por escrito se les estará haciendo llegar la información, que ya no pueden acceder de la manera normal en que lo estaban haciendo sino a través de un gafete, hay una nueva estrategia de la empresa para dar a entender a la opinión pública que están preocupados, que están trabajando, pero en realidad la lentitud con la cual están procediendo al retiro de escombros es sumamente tardada?, explicó.
A raíz de esto, los familiares viajaron a Saltillo para demandar una audiencia con el Estado: ?el gobernador está ausente?. El jesuita comentó que fuera de las declaraciones que ha realizado Humberto Moreira Valdés respecto al tema, no se ha involucrado más en el asunto.
?Nos gustaría muchísimo ver que las declaraciones van acompañadas de acciones?, expuso, ?lo podríamos notar si hubiera una solicitud a la empresa para que volviera a la comunicación de antes, se juntarían declaraciones y acciones si se iniciara el procedimiento penal contra los responsables de la situación?.
La semana pasada la empresa informó que hasta el momento no hay manera de tener elementos que señalen las causas del siniestro, por lo que no hay manera de acusar a responsables, declaración que incluso apareció en la gaceta parlamentaria del día 13 de julio, firmada por el presidente del grupo de trabajo creado ex profeso para investigar lo que aquí ocurrió, el diputado Lucio Lastra del PAN.
En este contexto, se presenta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se establece que sí hay responsables, sí hubo negligencia y sí hay implicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): ?fueron omisos, fueron remisos, fueron negligentes, y ahora tienen que responder?.
Carlos Rodríguez dijo que hay gente que se ha mantenido afuera de la mina, que pasó parte de estos cinco meses durmiendo en el lugar: ?Hay cansancio, desgaste, desilusión, pero también ven con claridad los intereses que hay de fondo y el porqué de todo este retraso?.
El jesuita señaló que existe una tradición en la región de que estas cuestiones las resuelve el olvido, la impunidad y el cansancio, pero advirtió que es un asunto de derecho internacional que se entreguen a estas personas los restos mortuorios de sus familiares.
Carlos Rodríguez precisó que esta recomendación aún no ha cambiado en nada la situación de Pasta de Conchos, pero confían en que la Secretaría del Trabajo responda positivamente a la CNDH con el inicio de una investigación para analizar y sancionar a los funcionarios implicados en esta negligencia.
?Puede cambiar el panorama si decide realmente inspeccionar a profundidad y sancionar en la región?, indicó, ?no sólo Grupo México es irresponsable al meter a sus mineros en unas condiciones de falta a sus derechos, sino que hay una serie de propietarios regionales con poder, con influencia, que en el caso de la mina de La Rosita está así?.
Para el jesuita, los familiares de los mineros necesitan un plan de rescate, bajo el compromiso que establezca un lapso determinado para llegar a la profundidad donde están los cuerpos de los mineros sepultados, así como un compromiso de la STPS donde se acepte la recomendación de la CNDH.
?No hay funcionarios sancionados, desconocemos qué tipo de presión esté estableciendo el secretario para que la empresa cumpla con los reglamentos, hoy que un organismo autónomo marca que ponga atención, esperamos que se comprometa a remediar esta situación?, dijo Carlos Rodríguez.
?La tragedia en Pasta de Conchos es un llamado a la conciencia nacional sobre la forma en que se violan las relaciones laborales, es una problemática que es necesario analizar y revisar y poner especial atención en ello?, agregó.
Peligro latente
Cuando las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) llegaron a San Juan de Sabinas y comenzaron a documentar sobre los primeros días de la explosión, los propios trabajadores exponían que había otras dos minas con condiciones mucho más riesgosas que Pasta de Conchos.
La primera, era La Escondida Americana, que hace 15 días explotó por un problema de mal manejo de explosivos. La segunda, La Rosita, y en tercer lugar, ubicaban a Pasta de Conchos, explicó Carlos Rodríguez, coordinador de la asociación civil Cereal.
?Ellos decían que primero tronarían esas dos, pero fue antes Pasta de Conchos?, comentó, ?esperamos que con esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Secretaría del Trabajo realmente inspeccione lo que está ocurriendo en la Región Carbonífera, se comprometa con ello, sancione a quien tenga que sancionar, y esto mejore las condiciones de vida de esta gente?.
Señaló que dos autoridades que pasaron desapercibidas en la problemática son la Secretaría de Economía, que también tiene responsabilidad en la supervisión de las minas, y las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto que hubo trabajadores que se accidentaron en diferentes ocasiones y no intervino en términos de proponer al Grupo México un programa para evitar esta siniestralidad o en coordinación con la STPS, tenía facultad para solicitar la detención de las labores.
?Nos asombra el grado de accidentados o enfermos que debió registrar el Seguro Social?, indicó, ?esta situación pudiera terminar en una clínica del Seguro que diera especial atención a las enfermedades del minero?.
