El Siglo de Durango
?Que todo el peso de la ley caiga sobre ese personaje, independientemente de su posición?, vertió el gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, sobre el caso de extorsión ventilado al interior del Tribunal para Menores, a menos de un mes de su reciente creación.
El Ejecutivo estatal consideró que esta denuncia de corrupción en el citado tribunal es la oportunidad de iniciar un procedimiento fuerte contra la persona que resulte responsable sobre los hechos denunciados.
?Es una excelente oportunidad de iniciar un procedimiento fuerte, grave, y el Gobernador lo ha dicho con esa disposición y voluntad?, expresó.
En su denuncia, los señores Rodrigo González Martínez e Hilda Pérez Martínez, junto con su hijo Noé, señalaron la extorsión por parte del secretario de acuerdos Francisco González Fernández, al exigirle a su descendiente 30 mil pesos a cambio de su libertad y además de amenazarlo con adjudicarle más delitos y dictarle la pena máxima.
El funcionario le exigía de inmediato por lo menos cinco mil pesos, para entregárselos a una jueza de nombre Clementina.
En ese sentido, Hernández Deras, al término de la ceremonia del 23 de octubre Día del Médico, aseveró que el Poder Judicial, las corporaciones, ?en este caso la Procuraduría, deben revisar el caso a fondo?.
Después de aprobarse el Código de Justicia para Menores Infractores en el Estado de Durango, los presos del Centro de Readaptación Social (Cereso) menores de 18 años o los que cometieron el delito que los tiene ahí, antes de cumplir la mayoría de edad, cuentan con el beneficio de ser juzgados por el Tribunal para Menores.
El Tribunal no puede sentenciar por más de ocho años de internamiento, en el Centro Especializado de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI).
