EFE
GINEBRA, SUIZA.- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACDH), Louise Arbour, pidió ayer a los gobiernos que intensifiquen la protección de todas las mujeres, en especial de las trabajadoras migrantes, contra la violencia y el tráfico de seres humanos.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra hoy, Arbour emitió una declaración junto a los relatores de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Yakin Erturk y de los trabajadores migrantes, Jorge Bustamante.
Los tres indican que el último informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre ese problema confirma “de nuevo que no hay una región en el mundo, ni tampoco un país o una cultura en la que estén asegurados los derechos de las mujeres frente a la violencia”.
“La violencia contra las mujeres se ha convertido en una preocupación trasnacional de derechos humanos, en un problema sin pasaportes que va más allá de las fronteras nacionales y que forma parte de los patrones globales sobre la migración”, afirman en su declaración.
Según datos de la ONU la mitad de los 200 millones de migrantes que hay en el mundo es de mujeres, que han decidido dejar sus países para trabajar, reunificar sus familias y buscar un futuro mejor.
Para Arbour y los relatores muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus países como resultado de la desigualdad y la pobreza, y ven en la migración una manera de prosperar, aunque subrayan que “por desgracia, a menudo diversas violaciones de derechos humanos, como ocurre con el tráfico de mujeres o las diferentes formas de explotación, transcurren en paralelo a la migración”.
También denunciaron otras formas de violencia contra las mujeres como las consideradas “locales y supuestamente tradicionales”, que las fuerzan a contraer matrimonio o a la mutilación genital y que también “están globalizadas y siguen a sus potenciales víctimas” fuera de sus países.
Consideran que esas violaciones de los derechos humanos “no son consecuencias inevitables de la migración femenina” y piden a los Gobiernos de todos los países que refuercen la protección de las mujeres migrantes, así como que les faciliten la migración legal si deciden ese camino.
Los tres expertos denuncian que en algunos países las trabajadoras migrantes se ven sometidas a exámenes periódicos para determinar si están embarazadas y a la expulsión de las que deciden no abortar.
“Otros países prohíben a las mujeres dejar sus territorios en un esfuerzo para protegerlas del tráfico de seres humanos y de la violencia, pero más bien ello produce el efecto contrario y muchas de ellas caen en las redes de traficantes de personas”, agregan.
También critican que en muchos países los trabajadores domésticos migrantes, en su mayoría mujeres, “son excluidos de las leyes de protección laboral o no son elegibles para tener permisos de trabajo, con lo que son aún más vulnerables a la violencia y la explotación”.
Los expertos se muestran igualmente críticos con las legislaciones restrictivas de los países que dificultan los procesos de reunificación familiar y denuncian que algunos de los matrimonios que esas mujeres realizan con ciudadanos “las atrapan en relaciones abusivas”.
“Pedimos la protección de todas las mujeres, sin tener en cuenta su estatus migratorio, contra todas las formas de tráfico, explotación y violencia contra ellas”, indicaron.
También recomendaron a los países que aseguren que “las mujeres disponen de la opción de emigrar sin que sufran el miedo a la violencia, la discriminación o los prejuicios a su dignidad humana”.
