El ex militar será juzgado mediante la legislación española que permite el encausamiento de crímenes como el genocidio o terrorismo, incluso si ocurren en otros países y las víctimas no son españolas.
Madrid, (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado una pena mínima de 13 mil 332 años de cárcel y una máxima de 17 mil 010 para el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad o de genocidio.
Esta petición tan elevada, pese a que el cumplimiento máximo de condena es de 30 años en España, figura en el escrito de calificación dado a conocer hoy y que ha presentado la Fiscalía ante el tribunal, a la espera de que se señale juicio al ex militar argentino.
Cavallo fue extraditado desde México en 2003 a petición del juez español Baltasar Garzón en el marco de su investigación por los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).
El ex militar argentino, quien presuntamente cumplió servicio en el centro de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), había pedido al tribunal poder ser trasladado a una cárcel militar.
Aunque la sala todavía no le ha contestado, fuentes de la Audiencia Nacional recordaron que Cavallo no tiene en España la condición de militar y por lo tanto deberá permanecer en una prisión civil.
El pasado 14 de diciembre, la Audiencia Nacional española acordó continuar tramitando la causa contra Ricardo Miguel Cavallo para que fuera juzgado en España, después de que la Justicia de su país informase de que no era previsible que fuese enjuiciado allí en un futuro próximo.
La Audiencia estimó en un auto los recursos interpuestos por las acusaciones particulares y populares personadas en la causa contra una providencia dictada en noviembre, en la que el tribunal español acordó cursar una comisión rogatoria a Argentina para comprobar si Cavallo iba a ser enjuiciado en ese país.
Esta comisión había sido solicitada por la defensa de Cavallo después de conocer que la Fiscalía argentina había pedido su imputación por los mismos hechos por los que está procesado en España, por lo que entendía que debía ser extraditado a su país.
