Considera el diputado Luis Gurza Jaidar que los órganos fiscalizadores no hicieron nada por detener la inversión y el avance de la obra.
EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- El deslinde de responsabilidades por los errores en la construcción del Distribuidor Vial Revolución de Torreón se debe extender hasta el titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, Ricardo Álvarez García y también de la ex titular de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, hoy de la Función Pública, Inés Garza Orta.
Lo anterior, debido a que por omisión o negligencia ambos órganos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, dejaron pasar la oportunidad de detectar las irregularidades y no hicieron nada por detener la inversión y el avance de la obra, consideró el diputado local del Partido Acción Nacional, Luis Gurza Jaidar.
Dijo que ambas dependencias fungen como órganos fiscalizadores tanto del manejo de los recursos económicos de origen público, como de su adecuada aplicación en las diferentes obras y programas del Gobierno Estatal.
Anotó que al desarrollar las investigaciones del caso, la Procuraduría General de Justicia en el Estado debe considerar la parte de la responsabilidad que podría corresponder tanto a Álvarez García como a Garza Orta.
?Las investigaciones y la aplicación de responsabilidades no se deben limitar a los anteriores funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, sino que se deben extender, se debe ir más allá y se debe investigar tanto la actuación de la Contaduría como de la Contraloría?, indicó.
El legislador panista, que forma parte de la Comisión de Finanzas en el Congreso Estatal, llamó a la PGJE a no simular en la averiguación del caso.
?Esto es un asunto de justicia. La comunidad de Torreón, de La Laguna y de Coahuila en general demandan el esclarecimiento de los hechos y las sanciones para los responsables, pero para todos los que estuvieron involucrados de una u otra forma?, anotó.
Gurza Jaidar llamó al procurador Jesús Torres Charles a no detenerse en la filiación partidista de los servidores públicos que puedan quedar sujetos a sanción.
?Este no es un asunto de colores, no es un asunto de partidos políticos, sino de justicia, porque la ciudadanía así lo demanda? luego de ver cómo más de 100 millones de pesos se aplicaron en una obra pública fallida.
Dijo que al seno del Grupo Parlamentario del PAN ?esperamos que las investigaciones no se detengan, sino más bien que se desarrollen con la celeridad del caso?.
