Existen diversos ordenamientos legales que facultan y obligan al Municipio a actuar contra invasores
El Siglo de Durango
El Gobierno Municipal de Durango debe proceder al desalojo de los ocupantes de invasiones y asentamientos irregulares para evitar que se herede nuevamente el problema a las futuras administraciones.
Así lo exigieron las Presidencias de las Comisiones de Salud y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo, al opinar que la alternativa del diálogo con los ocupantes no debe ser argumento para dejar de actuar contra este problema.
Las Presidentas de dichas comisiones, las panistas María Ana Hernández de los Ríos y Claudia Hernández Espino, respectivamente, consideraron urgente aplicar puntualmente las leyes y normas que prohíben la creación de asentamientos irregulares y las invasiones en el territorio capitalino.
Coincidieron en que, si es necesario, incluso, las autoridades deben proceder al desalojo para evitar que la gente siga enfrentándose a graves riesgos y, al mismo tiempo, para hacer cumplir las normas de desarrollo urbano y planeación existentes.
El fin de semana, este matutino denunció la existencia de al menos cuatro nuevos brotes recientes de ocupaciones irregulares en diferentes puntos de la ciudad, como sucede en los predios Las Huertas y Loma de San Ignacio, también en la colonia Manuelito Carrillo y en las márgenes del canal Arroyo Seco.
Al respecto, la regidora María Ana Hernández, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, señaló: ?la única manera que yo creo viable para parar estos problemas es la aplicación de la ley, y ésta contempla que toda invasión debe ser desalojada?.
Por su parte, su homóloga Claudia Hernández, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, refirió diversos ordenamientos legales que facultan y obligan al Municipio a actuar contra las ocupaciones irregulares que violentan el crecimiento armónico de la ciudad.
María Ana Hernández expuso: ?yo creo que en ese sentido hemos sido tolerantes las autoridades. Y desde mi punto de vista debiéramos aplicar la ley, y no por ser un Gobierno intolerante, sino por el bien de la misma gente?.
Agregó que el riesgo y los padecimientos vinculados a la marginación y la falta de servicios son factores que se reproducen en casi todas las invasiones activas en estos momentos, como en la Manuelito Carrillo, la del canal de Arroyo Seco, Las Huertas y Loma de San Ignacio.
Hernández de los Ríos dejó claro que urge la aplicación estricta de las leyes, pero acentuó que en una acción de ese tipo deben estar de acuerdo todas las autoridades ?para que no sean unos los malos y otros los buenos, porque luego llegan los que piensan en los votos y en todo eso?.
Claudia Hernández, en tanto, fue más clara al señalar que la normatividad faculta a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras a iniciar el procedimiento de desalojo mediante el Juzgado Administrativo, para que a su vez se solicite el auxilio de los cuerpos policiacos para la desocupación.
Especificó que la zona de ubicación de los predios Las Huertas y Loma de San Ignacio (en las márgenes de la supercarretera a Mazatlán) está contemplada como corredor industrial en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Durango.
Asimismo, dejó claro que el Municipio tiene la obligación de actuar pues el Ayuntamiento es quien tiene la responsabilidad de vigilar que se respeten los usos de suelo y quien, a su vez, autoriza todo proceso de venta de lotes para vivienda.
Advirtió que las personas que ocupan estos asentamientos irregulares están en constante riesgo y en condiciones insalubres.
Por ello urgió a las autoridades administrativas a actuar, ya que aunque lo conveniente es hacerlo de manera pacífica, el crecimiento anárquico de la ciudad requiere soluciones de fondo.
"No es tan fácil?
La Subsecretaría Jurídica del Ayuntamiento ha iniciado el estudio jurídico de la ocupación en el predio Loma de San Ignacio, ubicada a un costado de la supercarretera Mazatlán, en el trazo del libramiento entre los distribuidores 5 de Mayo y Morelos.
Ernesto Aguilar García, titular de la dependencia, explicó que todavía no se determina de quién es propiedad este terreno, pues si es del orden privado el afectado es quien debe hacer las acciones jurídicas necesarias para recuperarlo.
?Nosotros no tenemos la certeza de que la propiedad del terreno sea municipal, yo espero que en esta misma semana tengamos toda la información. Pero en el eventual caso que fuera del Municipio, no basta con eso para permitir que se asienten o se establezcan asentamientos humanos ahí?, dijo.
Dejó claro que lo que el Ayuntamiento puede exigir en cualquier caso es que el terreno cuente con un mínimo de condiciones y servicios públicos para poder considerarlo como susceptible de servir para un asentamiento humano.
Aguilar García reconoció que si el dueño del terreno es el mismo que promueve la venta y ocupación de los lotes sin servicios, la autoridad sólo puede hacer sanciones administrativas, no penales, y pedir en todo caso a los ocupantes que denuncien por las irregularidades del lote que adquirieron.
Solicita Canadevi aplicar la ley
La autoridad competente no debe permitir que se lleven a cabo invasiones de terrenos; tiene que frenar a tiempo las que se avizoren y desalojar aquellos bienes inmuebles que ya son habitados de manera irregular y aplicar la ley, demanda la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi).
Gustavo Arrieta Cisneros, líder del gremio, expone que las invasiones también inciden directamente en el desarrollo de la industria de la construcción de casas-habitación pues la gente comienza a edificar su morada sin un plan específico y con materiales poco apropiados.
?Afectan en varias formas (los invasores); la más grave de todas es en el crecimiento anárquico de la ciudad, desordenada. Las invasiones así caen en zonas de riesgo, de vulnerabilidad, provocan que la ciudad crezca fuera de lo que marca el Plan de Desarrollo Urbano del municipio?, glosa.
?Esto es muy grave porque una ciudad que puede ser apta para el turismo se empieza a topar con nudos habitaciones que no permiten conectar las avenidas importantes para provocar un crecimiento ordenado?, razona el entrevistado.
Pero el hecho de que un grupo de personas se apodere de terrenos del mismo modo influye negativamente en el desarrollo de vivienda.
?Estas personas, primero, generan sus casas en autoconstrucción pero luego, con el paternalismo muchas veces del Gobierno, reciben las cuestiones de apoyos, de paquetes de materiales que les permiten ir consolidando su vivienda con materiales de otro tipo. Esto provoca que no entren dentro de un sector formal de la construcción sino en el informal?, señala el entrevistado.
Así que esta población no va a estar dentro del mercado de vivienda de interés social, que sería lo más apropiado desde la perspectiva de Arrieta Cisneros.
?Al caer en la autoconstrucción que es poco planeada, los prototipos de vivienda mal diseñados, los materiales que no son los más adecuados, bajan el mercado de construcción?, juzga.
El Presidente de la Canadevi es claro al mencionar que esta clase de invasiones violan el Estado de Derecho. ?No se debe de permitir, bajo ningún concepto, que la propiedad de terceros se vea afectada por un grupo de gente que a la protección de unos cuantos líderes ?que lo hacen como negocio-, abusen?, añade.
Y luego subraya: ?el Gobierno no debe permitir, la autoridad debe ejercer plenamente la ley para sacarlos de esos terrenos que están invadiendo?.
El también Presidente del Colegio de Arquitectos Valle del Guadiana afirma que debe haber acciones drásticas por parte de la autoridad para que desalojen a los invasores. ?Debe el Instituto de VIvienda (IVED) ir un paso delante de las invasiones, tratar de frenar a tiempo antes de que suceda la invasión?, manifiesta.
Arrieta Cisneros piensa que los dueños de los terrenos invadidos resultan seriamente dañados en su patrimonio y, por lo tanto, no se deben tolerar esta clase de acontecimientos.
Otro riesgo
La Canadevi no descarta que los invasores pudieran optar por establecerse en casas ya construidas como sucedió en el fraccionamiento Versalles.
-Los desarrolladores de vivienda deben reforzar sus medidas de seguridad en aquellos fraccionamientos que están en proceso de comercialización para evitar que extraños entren.
-Los empresarios reconocen que no contar con la vigilancia correcta implica también que mal vivientes quieran ingresar.
-?Los mismos invasores van poco a poco especializándose, ya no sólo van a invadir terrenos sino también casas ya edificadas, aunque eso sería un verdadero absurdo de la ilegalidad?, expone Gustavo Arrieta Cisneros, presidente de la Canadevi.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
