El Siglo de Durango
La diputada Lilia Velia Carranza García se dijo a favor de reformar la Ley de Fiscalización del Estado para dar más facultades al Congreso local y poder vigilar a detalle los recursos que reciben las organizaciones sociales.
Consideró necesarias estas reformas, de manera que el Congreso y la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) puedan tener más oportunidad legal de fiscalizar rubros de gasto como el destinado a los grupos de gestoría social.
?En eso estamos. La Comisión de Hacienda acordó que tenemos que hacer estas reformas para adecuar dicha Ley a los nuevos tiempos, y ahí tendría que entrar el caso de las organizaciones sociales, necesariamente?, dijo.
La representante del Partido del Trabajo (PT) en la Legislatura de Durango habló, por otra parte, de la discrecionalidad con que pueden realizarse transferencias del presupuesto estatal sin que el Congreso se entere.
Señaló que ella presentó una iniciativa de ley para que el Presupuesto de Egresos del Estado, sujeto a tales traspasos financieros por parte del Gobernador o el Secretario de Finanzas, no pueda sufrir cambios si no se comunican y autorizan antes por los diputados.
?El objetivo de la iniciativa es que se comunique al Congreso cada vez que se hagan este tipo de transferencias de recursos, y no como lo marca la ley en estos momentos: sin aviso alguno. Pero la iniciativa no ha prosperado?, reprochó.
?Espero? ?añadió Lilia Velia- ?que podamos avanzar en la fiscalización de los recursos y que realmente podamos decir que conocemos todos sobre la rendición de cuentas de los diferentes niveles de gobierno, estatal y municipales?.
Refirió que la intención de la Comisión de Hacienda es inclusive ampliar las facultades fiscalizadoras para que los diputados no solamente sean observadores o ?pasadores? de los documentos que rinde la EASE, ?sino que realmente cumplamos con la función de fiscalización que tenemos en la Constitución?.
La representante popular de extracción petista manifestó que actualmente hay facultades de verificación financiera y administrativa que tiene el Congreso; sin embargo, reiteró que falta más detalle para que haya un estudio más certero y legal de los procesos de rendición de cuentas que le competen a la Legislatura.
Polémica reciente
Tres de los cinco regidores del PAN en el Cabildo capitalino votaron el viernes en contra de la Cuenta Pública del bimestre julio-agosto 2006, al señalar que el estado financiero tiene inconsistencias y desfasamientos en rubros de gasto como Asistencia Social y Organizaciones Sociales.
El coordinador de los regidores panistas, José Luis López Ibáñez, consideró que el gasto en asistencia social debió presentar una disminución por razón del blindaje electoral que se pactó previo a los comicios del 2 de julio pasado.
?Votamos en contra porque, por ejemplo, en el rubro de líderes sociales sigue el mismo problema, la discrecionalidad, se sigue sin fiscalizar y no le estamos garantizando en ese rubro transparencia a la sociedad?, agregó.
?Aparecen muchos líderes del PRI cobrando, no tiene ningún candado, está al libre albedrío y disposición del Alcalde para que lo entregue como quiera?, manifestó al ser entrevistado el viernes por El Siglo.
