Uno de los rezagos principales que dejará sin resolver el Gobierno del presidente Vicente Fox será el problema de la inseguridad.
En México se disparó la violencia en los últimos cinco años a niveles nunca vistos, vaya, ni siquiera en tiempos de la guerrilla de los años setenta se registraron los actuales índices de criminalidad.
En la frontera Norte los asesinatos y secuestros están a la orden del día mientras que en el Centro y Sur del país los asaltos, robo de autos y también secuestros son el pan de todos los días y a todos los niveles sociales.
Fox prometió en su campaña emprender la madre de todas las batallas contra de la violencia y la inseguridad social. De hecho lo intentó en varias ocasiones con distintos programas nacionales, pero la corrupción policiaca, el dinero del narcotráfico y el poder de la delincuencia organizada fueron muy superiores a los planes oficiales.
Es muy complejo entender la situación dramática de México cuando vemos cómo otros países sudamericanos han logrado controlar a las mafias y a las olas de criminalidad.
Durante la dictadura priista el país tuvo épocas prolongadas de tranquilidad, pero siempre bajo un esquema de arreglos bajo la mesa entre el hampa y las autoridades policiacas.
Durante el sexenio de Fox queda la impresión que esos “amarres” desaparecieron y se desató una lucha sin cuartel entre las mafias y grupos delictivos en contra de los Gobiernos.
Por un lado se realizaron cambios a las leyes y se adoptaron medidas más enérgicas en contra del crimen organizado, pero a la vez los delincuentes reaccionaron con fuerza en una guerra abierta en contra de la autoridad.
De otra forma no se explica cómo en ciudades como Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, entre muchas más, las bandas delictivas del narcotráfico y de secuestradores mantienen una intensa actividad que raya en la desfachatez.
No le temen en lo más mínimo a las autoridades sean federales, estatales o municipales. Por el contrario se mofan abiertamente de ellas, transan cuando pueden y cuando no, asesinan a jefes policíacos, agentes del ministerio público y a abogados.
Desgraciadamente hemos entrado al “año de Hidalgo” en donde veremos un relajamiento en los altos mandos de la justicia que se reflejará en más acción del crimen organizado y más corrupción a todos los niveles.
Aquí no importa el partido ni el presidente, lamentablemente los mexicanos se han acostumbrado al cambio sexenal en donde ya no importa la labor de las autoridades en turno, sino los planes y promesas del nuevo presidente que asumirá el mando el próximo primero de diciembre.
Entre tanto los mexicanos vivirán meses de zozobra y profunda intranquilidad. En varios estados se discute la idea de meter al Ejército a patrullar las calles, pero papá Gobierno se opone porque sería tanto como admitir el fracaso de sus programas.
¿Pero qué pueden hacer las autoridades a estas alturas para poner un alto a la creciente violencia?
En primer lugar capacitar más y mejor a los encargados de la justicia y seguridad, desde los magistrados, jueces y directores hasta el policía de crucero. Implantar un sistema tipo militar en donde se definan rangos, sueldos y ascensos en base al desempeño y capacidad.
En segundo lugar involucrar más al ciudadano a través de los jurados populares, los consejos de seguridad y en la aprobación de leyes que respondan a los intereses comunitarios y no de los partidos o Gobiernos.
Por último implantar penas muy severas a funcionarios policiacos y de justicia por actos de corrupción y de incompetencia. Si no se limpia la casa por dentro, nada se podrá avanzar.
Lástima que Fox no pudo con este paquete, ahora México tendrá que esperar al siguiente Gobierno para intentar controlar la galopante criminalidad.
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