Sin ser todavía legisladores electos, pues el consejo general del IFE no ha hecho la asignación de senadores y diputados por el principio de representación proporcional -y ambos llegaron a sus nuevas curules por esa vía- Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa quedaron a la cabeza de las achicadas fracciones del PRI en las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Esas designaciones, reveladoras de que el partido antaño invencible no tiene claro por qué sufrió el dos de julio la más estrepitosa derrota de su historia, muestra también que las bancadas tricolores se aliarán con el PAN, cualquiera que sea el partido gobernante. Ambos políticos actuaron en esa dirección en asuntos emblemáticos: Beltrones presidía la Cámara de Diputados que con el voto panista y el de su partido desaforó a Andrés Manuel López Obrador y Gamboa fue un principal impulsor de la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, en prolongación de su conocido papel de gestor de esa industria, ejercido principalmente cuando fue secretario de Comunicaciones y Transportes.
Cada uno ha estado inmiscuido en averiguaciones penales de extrema gravedad, de las que han salido avante en vista de sus posiciones eminentes, ratificadas ahora por su designación al frente de los grupos parlamentarios de su partido, desbancados de su papel principal pero en posición de inclinar la balanza a favor de las fracciones panistas y con ellas tomar decisiones que incluyan reformas constitucionales.
Fechado el 18 de julio, recibí días después un amable recado de Gamboa:
“En relación a la columna que escribiste el día de hoy, titulada ‘Un demonio extraditado’ que cita algunas partes del libro publicado por Lidia (sic, por Lydia) Cacho, ‘Los demonios del edén’ y que refieren que tengo supuestos vínculos de ‘amistad’ con el señor Jean Succar Kuri, me permito aclarar lo siguiente: no tengo ni he tenido relación alguna de amistad con el citado empresario extraditado, hecho que ya he aclarado de manera pública y por escrito en diversas ocasiones.
“Lo anterior lo hago de tu conocimiento porque sé que eres un periodista profesional. Te envío un cordial saludo”.
En la obra de la periodista todavía sujeta a proceso penal, sin embargo, Gamboa no aparece sólo por su, desmentida por él, relación con el presunto pederasta y mercader de la pornografía infantil (respecto de la cual la autora quiso entrevistarlo sin que él haya accedido). Es relevante también su relación con Alejandro Góngora Vera, amigo de Succar Kuri, y quien ha actuado en la Administración y la política de Quintana Roo vinculado con Gamboa.
Ambos fueron señalados por la liberalidad con que dispusieron de terrenos en aquella entidad mientras Gamboa dirigió el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) y Góngora era el delegado estatal. Aunque “salió ileso” de tales señalamientos, Gamboa fue después objeto “de una seria acusación por parte del entonces contralor de la Secodam, Francisco Barrio... El senador priista sería, según Barrio, el próximo funcionario a investigar en el ámbito penal por su presunta participación en el desvío de más de 58 millones de pesos cuando encabezó la Subsecretaría de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación en 1998. De allí derivó la primera investigación de la PGR en busca de nexos entre el “lavado” de dinero, Succar, Gamboa Patrón y Góngora Vera, que aún sigue abierta, según consta en informes oficiales de la AFI”.
Beltrones, por su parte, se inconformó por la vía penal contra Julia Preston y Sam Dillon, corresponsales de The New York Times en México. En febrero de 1997 ellos publicaron un reportaje, escrito “luego de haber tenido acceso al extraordinario informe de Inteligencia de Estados Unidos elaborado en 1994 por analistas de la DEA en el Centro de inteligencia de El Paso, en el que se afirmaba que Carrillo Fuentes era el principal traficante de México y se acusaba de protegerlo a dos gobernadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, de Sonora y Jorge Carrillo Olea, de Morelos. Rumores de vínculos con el narcotráfico habían rodeado a ambos gobernadores durante años, pero nunca habían dado pie a una indagación oficial en México”.
Beltrones y Carrillo Olea (que a la postre caería del Gobierno) denunciaron penalmente a los corresponsales, a quienes se pidió que se retractaran de su dicho: Habiéndose negado, se desarrolló una averiguación previa por los delitos de comunicación en que habrían incurrido pero de la que se desprendió una extraña -porque no era materia de la indagación-exoneración de los denunciantes.
“Al final, las autoridades del PRI -escribió Dillon en El despertar de México, en que con Preston narra su experiencia periodística en nuestro país- resolvieron el caso de un modo que dejó ver las graves limitaciones del sistema. En el otoño de 1997 el procurador emitió un breve comunicado en el que anunciaba que no nos procesaría por difamación y en el que, al mismo tiempo sostenía que, tras haber realizado una investigación sobre los dos gobernadores, había comprobado que no era verdad lo que afirmábamos en nuestro artículo. La segunda parte de este mensaje era pura retórica puesto que, hasta donde era posible saber públicamente, ninguna autoridad había llevado a cabo ninguna investigación, ni vigorosa ni de ninguna otra índole”.
La decisión ministerial fue para ellos, según Dillon, “un flaco favor”, pues si hubieran sido ensuciados injustamente debió procederse contra la gente de la DEA que los infamó.
