Con la mirada puesta en septiembre, la coalición Por el Bien de Todos corre el riesgo de no ocuparse de lo inmediato. Me refiero no sólo al curso de los juicios de inconformidad en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino a una decisión política crucial, referida a los legisladores a los que la fuerza de Andrés Manuel López Obrador hizo elegir, en números nunca antes vistos para los partidos de aquella alianza. Se trata de saber si rendirán protesta a la hora de instalarse la nueva legislatura, y estarán presentes en la apertura de sesiones, o si se abstendrán temporal o permanentemente de asumir las curules que obtuvieron. Ricardo Monreal, el ex gobernador de Zacatecas que puede volver al Senado (a donde llegó conducido por el PRI por primera vez en 1994) ha deslizado la idea de que una forma de resistencia será no asumir la representación ganada. Otros legisladores, en cambio, no sólo desechan esa idea sino que se aprestan ya a contender por la coordinación de los grupos en el Senado y en la Cámara de diputados. Sin entrar en problemas legales, los legisladores pueden aplazar su protesta hasta un mes, pues la Ley orgánica del Congreso le permite faltar treinta días antes de llamar a sus suplentes.
De modo que una ausencia por ese lapso satisfaría las dos posiciones expresadas, aunque impediría a los más aguerridos manifestarse contra el presidente Fox -al menos dentro del recinto de San Lázaro-a la hora en que ofrezca su último informe. Si el primero de septiembre todavía no concluye el proceso electoral (la fecha límite es el seis de ese mes) las condiciones en que se presentará el informe postrero pueden hacer no sólo ineficaz la comparecencia de Fox, sino generar un momento de enorme riesgo para la gobernabilidad. Ya una vez un partido decidió que sus diputados no rindieran protesta, resolución que no fue acatada por los afectados. No por todos. Ocurrió en 1958, después de que Adolfo López Mateos fue declarado ganador de la contienda en que participó Luis H. Álvarez. Mientras que al candidato oficial se le atribuyeron 6.7 millones de sufragios, la votación panista admitida fue de sólo setecientos mil: “El número de votos oficialmente reconocidos -recuerda en sus memorias el que fue entonces candidato presidencial panista-fue un agravio mayor que la propia derrota, pues teníamos la seguridad de que las concentraciones en nuestros mítines habían sido considerablemente mayores... “El PAN, por mi conducto, calificó el proceso electoral de fraudulento. Al candidato del PRI lo calificó como ilegítimo. Sólo se le reconocieron al Pan seis diputaciones federales. Por considerar insultante el reconocimiento de esa mínima cantidad de escaños, Acción Nacional instruyó a sus diputados electos a rechazar el puesto. A pesar de que sólo la mitad de ellos acató la decisión tomada, la medida aportó consecuencias posteriores...” Una de ellas fue la reforma constitucional que buscó impedir conductas de esta naturaleza, pues castiga a los partidos que las asuman con la pérdida del registro para participar en elecciones. Por varias razones me parece inconveniente la ausencia, así fuera temporal, de los legisladores que integrarán los grupos del PRD, el PT y Convergencia.
La primera, esencial, es el respeto al voto de los ciudadanos, que decidieron enviar esa representación al Congreso, sin condicionarla a las vicisitudes de la otra porción relevante del proceso electoral. La segunda es que sería una nueva señal de derrotismo, en la misma línea de la convocatoria hecha anteayer por López Obrador, en que pidió a sus seguidores hacerse presentes donde se pretenda entregar la declaratoria de Presidente electo a Felipe Calderón. Por más certidumbre que tengan los coalicionistas y su líder sobre la decisión de trampear la elección, no se puede dar por hecho que ése será el desenlace del proceso. No es ingenuo colocarse en la posición de que López Obrador puede ganar, así fuera sólo por el hecho de que no se ha producido aún la declaratoria correspondiente.
Los legisladores rendirán protesta antes de que concluya el plazo de que dispone el tribunal para calificar la elección. Abstenerse de acudir a ese acto inicial de la legislatura en son de protesta equivale a admitir anticipadamente la derrota, que por más que se prefigure sólo tendrá densidad jurídica cuando se haya dicho la última palabra. Puesto que sólo formaron una coalición electoral, y ya anuncian la constitución de grupos parlamentarios separados, los partidos de la alianza lopezobradorista no están obligados a actuar de consuno en las cámaras. Más todavía, puede preverse que no necesariamente lo harán. Con todo, disponen cada uno de ellos, y en su conjunto, de una fuerza significativa, como nunca la tuvieron antes. Si bien es probable la cercanía de las bancadas del PRI y del PAN, que con ella podrán cogobernar (quienquiera que sea el presidente), el resto de los grupos no serán piezas decorativas, pues el avasallamiento por sólo la fuerza numérica no puede ser practicado siempre, en todos los casos. Dejar de formar parte del Congreso, en consecuencia, sería desperdiciar la ocasión formal de fortalecer las posiciones de López Obrador, sea como presidente o como cabeza de un movimiento de refundación republicana como el que ha esbozado (de nuevo en una muy temprana admisión de que prosperará la trampa en su contra). No es deseable, pues, la abstinencia legislativa, ni siquiera temporal.
