Pasado mañana Andrés Manuel López Obrador encabezará la que se espera sea la expresión política multitudinaria más numerosa de la historia mexicana. Es la tercera asamblea informativa a la que ha convocado. Ocurrirá en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuncie si atiende la demanda de abrir urnas (no las 130 mil que recibieron la votación el dos de julio, pues no le fue solicitado en ese número) para contar de nuevo los votos, o si discurre otro método capaz de generar convicción en los magistrados y en la sociedad, respecto de la limpieza electoral, hoy en entredicho con sobra de razones.
La magna concentración ante la cual hablará el que fue candidato de la coalición Por el Bien de Todos -esa es su condición legal, no la de presidente como fue conducido a admitir en más de una entrevista-, marcará el fin de una etapa y el comienzo de otra, correspondientes a las fases del proceso electoral, que sigue su curso. Puesto que desde la noche misma de la jornada electoral surgieron indicios de irregularidades, que al paso de los días fueron convirtiéndose en evidencias de manipulación por autoridades electorales (en que sobresalió la ilegal proclamación de candidato triunfador hecha a favor de Felipe Calderón por el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde), las cuatro semanas siguientes han sido dedicadas por la corriente que apoyó a López Obrador y por él mismo, a la denuncia y a la protesta.
Aunque la estridencia con que a veces se practican podría ahorrarse para amenguar el ruido de la escena pública, es imposible negar su necesidad y su pertinencia. Una presumible victoria electoral tiene que ser defendida por medios políticos y por medios jurídicos. Los primeros son necesarios en la medida en que del otro lado de la contienda se insiste hasta la inverecundia en la construcción de una impostura, la de que Felipe Calderón es presidente electo.
Fue lamentable que al día siguiente de que Elba Ester Gordillo llegara al exceso de ungir a su ahijado como seguro sucesor de Vicente Fox y el mismo día en que otros ahijados de la lideresa magisterial acudieron a mostrarle su fraternal apoyo (después de que uno de ellos, Roberto Campa, le cedió sus votos, quizá no sólo en sentido figurado).
Fue lamentable, digo, que López Obrador se dejara llevar por la corriente y se proclamara triunfador. Contradijo de ese modo la sustancia de la actual etapa de su lucha, que consiste en limpiar la elección a fin de demostrar su triunfo. Sólo cuando esa operación higiénica haya concluido estará en situación de ostentar su victoria. Hacerlo anticipadamente lo iguala, aunque sea por un momento, con sus adversarios, que pretenden forzar de modo ilegítimo los tiempos procesales. Ha sido un error semejante al de ordenar silencio al presidente Fox y llamarlo chachalaca. La vocinglería presidencial, que tanto contribuyó y contribuye al enturbiamiento del ambiente nacional era, ciertamente, denunciable porque significó el descenso del presidente a la arena de la confrontación.
Pero el modo de acallarlo disgustó a buena parte de la sociedad, como el propio López Obrador hubo a la postre que reconocer.
El efecto adverso de esa modalidad de su discurso se produjo en momentos en que el ex jefe de Gobierno del DF era uno de cinco candidatos presidenciales y actuaba en una contienda regida por el principio de equidad.
Ese panorama es distinto hoy y de eso debe hacerse cargo López Obrador: aun cuando no se ha precisado el volumen del voto en su favor (debido a las irregularidades que hay que subsanar) es claro que oscilará alrededor de 15 millones de sufragios, alrededor del 37 por ciento del total de los 42 millones de votos emitidos el dos de julio. Además de la argumentación jurídica desplegada ante el Tribunal por los partidos que lo apoyan, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos tiene frente a sí el enorme desafío de persuadir a los millones de mexicanos que no sufragaron a su favor (y a los que no lo hicieron por ningún aspirante) de que su denuncia tiene razón y que la energía y los activos políticos aplicados a ella pueden dirigirse a recuperar su propuesta y convertirla en programa de acción gubernamental incluyente y abierto.
Más que proclamarse presidente, López Obrador está en posición de parecerlo, de actuar como lo haría de confirmarse su presunción de triunfo. Varios discursos del cierre de su campaña lo mostraron como lo que puede ser, un gobernante animado por profundas convicciones, con un proyecto claro de cambio y sostenido por un amplio apoyo popular. Es preciso que se instale de nuevo en esa tesitura. Mientras el Tribunal hace su tarea, que no puede ser otra que la de averiguar qué paso en las etapas previas del proceso electoral para establecer la verdad jurídica, López Obrador puede encargarse de la suya propia.
En mi opinión ésta consiste en, por un lado, contribuir a la distensión del ambiente (lo que no implica que sus seguidores depongan el rigor civil de su demanda) y, por otro lado, en ofrecer seguridades a los mexicanos no sólo sobre su acatamiento a la resolución legal (máxime si, como sostiene, lo favorecerá) sino sobre la naturaleza del Gobierno que encabece. De lo contrario, la sostenida y perversa deturpación de su persona y sus propósitos, fundada en falsedades, continuará generando efectos perniciosos. López Obrador puede mostrar que la dignidad no está reñida con la prudencia.
