Hemos preguntado, como muchas otras personas, cuántos muertos vale Ulises Ruiz. Reiteramos la interrogación en este día de los Fieles difuntos. Han sido asesinadas demasiadas personas, y muchas otras han encontrado de otro modo la muerte en relación con el conflicto iniciado en mayo, que se recrudeció en junio y que al terminar octubre ha llegado a un punto culminante.
La primera víctima directa de la represión contra la protesta civil que reclama la salida del gobernador Ruiz fue Marcos García Tapia, militante de ese movimiento y profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que el siete de agosto fue asesinado por un tirador que huyó a bordo de una motocicleta. Tres días después cayó el señor José Jiménez Colmenares, de oficio mecánico que acompañaba a su esposa, una maestra integrante de la Sección 22 de SNTE en una marcha magisterial contra la que se lanzaron disparos desde una bodega. El 21 de ese mismo mes, murió baleado por la espalda el arquitecto Lorenzo San Pablo Cervantes, en torno de la toma de la estación de radio La Ley.
El cinco de octubre fue asesinado, de un tajo en el cuello, el ingeniero Jaime René Calvo Aragón, miembro del Consejo central de lucha, disidencia de la Sección 22 que está a punto de conseguir, por el apoyo del comité nacional, la escisión de esa representación sindical. Además de la gravedad del crimen en sí mismo, es monstruosa la conjetura a la que se ha dado amplia difusión, según la cual el profesor de química habría sido víctima de un ajuste de cuentas dentro de la Sección 22, para castigar su oposición al comité que encabeza Enrique Rueda Pacheco.
Hasta se exhibe una lista de otros probables candidatos a una ejecución como la de Calvo Aragón y por las mismas razones.
Alejandro García Hernández fue muerto a tiros el 13 de octubre. Al parecer, tres militares vestidos de civil que andaban de parranda se hicieron de palabras con los vigilantes de una barricada que impedía el paso. Aun si se tratara de un acontecimiento ajeno a la represión (lo que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca no cree) lo cierto es que la víctima pereció por hallarse en plena acción de protesta, resguardado un retén ciudadano. Lo mismo ocurrió al profesor Pánfilo Hernández Vázquez, que fue ultimado en la colonia Jardín, a manos de desconocidos el 18 de octubre. El viernes 27, en balaceras suscitadas en distintos rumbos de Oaxaca, en la jornada más violenta antes del ingreso de la Policía Federal Preventiva, fueron asesinados el profesor Emilio Alonso Fabián, procedente de Candelaria Loxica, y el camarógrafo norteamericano Bradley Roland Will, de la agencia independiente Indymedia.
El domingo 29 perdieron la vida al menos dos personas. El joven enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Alberto López Bernal, militante de la APPO fue según la necropsia, muerto por el impacto de una bomba de gas lacrimógeno disparada desde las filas de la PFP. La Presidencia de la República se ha obstinado en negar que así haya sido, para no demeritar su ufano dictamen de ?saldo blanco? en la intervención federal en Oaxaca. Hasta se insistió en que López Bernal murió cuando le estalló un petardo con que agredería a la fuerza pública. A su vez, ese mismo día fue asesinado a puñaladas Fidel Sánchez García, militante de la APPO, lejos de los puntos donde se encararon la Policía y miembros de la protesta civil, lo que favorece la versión oficial de su ajenidad al conflicto.
Otros militantes murieron en acontecimientos relacionados con la movilización popular. El tres de octubre, a la altura de Izúcar de Matamoros, mientras participaba en la marcha de la APPO y el magisterio hacia la Ciudad de México, un ataque cardiaco privó de la vida al profesor José Manuel Castro Briseño, que servía en Ixtlán, de la región Sierra.
El 22 de octubre, cuando volvían en automóvil de la capital federal a la de su estado, para participar en una asamblea estatal del magisterio, murieron en accidente Leticia Castellanos, Silvestre Cruz Bautista, Alejandro Santiago, Rubén Vicente Solís y Jaime Castro Leyva.
Fuera de la ciudad de Oaxaca, en sucesos formalmente ajenos a la protesta magisterial y de la APPO, pero concernientes al autoritarismo del Gobierno oaxaqueño y ocurridos durante el lapso que se ha extendido el conflicto, el nueve de agosto fueron asesinados el dirigente triqui Andrés Santiago Cruz y sus acompañantes Pedro Martínez Martínez y Octavio Martínez Martínez (este último un niño de apenas doce años), en Putla, en una acción contra el Movimiento unificador de la lucha triqui (Mult). El dos de octubre, en San Antonino Castillo Velasco se abatió a tiros a Arcadio Hernández, miembro de una guardia ciudadana organizada por un ayuntamiento que en agosto depuso al Gobierno municipal priista.
Este recuento es muy probablemente inexacto, no porque aparezcan nombres de más sino al contrario. El martes la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán pasó lista en la sesión de su Cámara a quince de estas personas y al concluir pidió a los presentes un minuto de silencio. Sin remilgo de ninguna especie los legisladores de todos los partidos y las personas que por razones de trabajo o cualquiera otra se hallaban en el recinto, acogieron la petición. Si hubo unanimidad para deplorar la muerte de esas personas y rendirles reconocimiento -que eso significa el silencio luctuoso- deberá haberla también para evitar que haya más muerte.
