La noche del viernes tres el todavía gobernador de Puebla Mario Marín no asistió a la asamblea anual de la Coparmex estatal, de la que era invitado de honor. Al día siguiente, prefirió no dejarse ver en la fiesta del 77 aniversario del PRI, celebrada en Toluca. No fue el único gobernador ausente, y no puede precisarse, en consecuencia si como otros Ejecutivos locales tuvo mejores cosas que hacer, o si se le pidió expresamente no afear con su presencia la de por sí desvaída celebración priista.
Podría ser, en efecto, que Roberto Madrazo haya escogido su propio e inmediato interés por encima del de Marín, y favorezca una negociación con el “gober precioso”, que pediría licencia al cargo hasta después de las elecciones. Después ya se vería, según el resultado del dos de julio.
En el remoto pero no imposible caso de una victoria priista, Marín podría volver a su cargo porque las urnas habrían dicho que ese es el PRI que se prefiere para gobernar.
De lo contrario, se haría definitiva su salida y hasta podrían hacérsele imputaciones penales, previo juicio político, desahogado en las cámaras federales o en la legislatura local. No sería necesario fundarse en las grabaciones de su charla con Kamel Nacif. Éste se ufanó en diciembre de haber pedido la intervención de Marín contra Lydia Cacho “y ¡pum! que le dictan una orden de aprehensión” (Reforma, 24 de diciembre de 2005).
En el Congreso poblano, dominado por los diputados tricolores (26 de 40) donde se protege al gobernador, y ni siquiera se concibe que acuda a declarar ante la Comisión de gobernación, este órgano legislativo no ha podido cerrarse enteramente a la presión social. La muy concurrida marcha civil del 26 de febrero -que podría repetirse en la Ciudad de México- y las crecientes muestras de inconformidad pública no pueden ser pasadas por alto. El líder nacional de la Coparmex Alberto Núñez Esteva exclamó el viernes, durante la reunión a la que Marín no llegó: “¡qué difícil debe ser gobernar sin contar con la confianza de los gobernados”.
De modo que aunque sea a rastras, la Legislatura está actuando. Hoy comparecerá la procuradora de justicia Blanca Laura Villeda, pieza principal en el agravio a la periodista. La funcionaria admitió en diciembre, en declaraciones públicas, que no se remitieron citatorios a la acusada por difamación y calumnias, antes de librarse la orden de aprehensión, para que no se provocara “un escándalo”.
Luego, como si mantuviera una inquina personal contra la periodista, le reprochó que en vez de escribir el libro donde presumiblemente difama a Kamel Nacif debió denunciar los delitos allí descritos ante las autoridades.
La procuradora, que por la relevancia del caso -puesto que en su ventilación participaba el propio gobernador, quien sin duda la instruyó al efecto- debió saber que la obra en la que presuntamente se comete el delito denunciado por Nacif se basa entre otros elementos en actas ministeriales: es decir, los delitos estaban denunciados, por lo que era innecesario que la periodista lo hiciera. Igualmente la cabeza del Ministerio Público y de la Policía Ministerial deberá explicar a los diputados por qué montó un engaño para ocultar que Lydia Cacho fue aprehendida en Cancún y trasladada a Puebla por agentes varones, que la hostigaron durante el viaje.
La procuradora hizo que dos agentes mujeres esperaran al convoy a la entrada de Puebla, para que la periodista llegara al juzgado como si la hubieran resguardado las mujeres policías.
No acudirá a la Comisión de gobernación -los priistas lo impidieron- la jueza quinta penal Rosa Celia Pérez González, quien también tendría que aclarar no los criterios para su actuación -emitir la orden de aprehensión y declarar formalmente presa a la indiciada-sino su relación con Hamma Naked Bayed, un maquilador llamado Juanito, a quien pidió no presentarse en el juzgado si bien le ofreció “avisarle luego” el modo en que se procesaría a la periodista.
La referencia a ese diálogo consta en las grabaciones que han permitido tener una idea cabal de la maniobra urdida contra Lydia Cacho, que el gobernador y sus colaboradores han insistido en desestimar.
Pero se incriminaron al cancelar la semana pasada a Juanito la autorización para que su taller operara en la cárcel de San Miguel. Si lo dicho en los telefonemas de Nacif fuera un montaje no tendría que tomarse una medida de esa índole. Esta semana concluye el plazo de diez días establecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia a las cámaras federales para que le entreguen pruebas y funden su petición de que ese Tribunal investigue la violación a las garantías individuales de una persona sí, pero presumiblemente en forma tal -eso es lo que debería determinar una averiguación- que constituye una ruptura del orden jurídico general.
Es previsible que el Senado y la Cámara insistan en su solicitud, y es igual, y lamentablemente previsible, que la Corte se cierre a la posibilidad de brindar un servicio a la sociedad. Mientras tanto, Lydia Cacho sigue enfrentando en Cancún el proceso penal que montaron autoridades de Puebla pero no pudieron mantener en esa entidad.
Al mismo tiempo, comienza a circular la segunda edición de Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil. En el prefacio fechado el 20 de enero, semanas antes que se conocieran las grabaciones que incriminan al gobernador, la periodista recuerda que el 22 de diciembre el “gober precioso” la llamó delincuente.
