Hace tres meses -cumplidos anteayer- los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un paro de labores en todas las escuelas primarias y secundarias del estado y miles de ellos ocuparon calles y plazas del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. Parecía la reedición rutinaria de una pervertida práctica de negociación salarial, de frecuencia casi anual desde hace más de dos décadas. Pero en vez de resolverse en dos, tres semanas que era el término acostumbrado, el conflicto se prolongó y ha causado estragos severos. Podría ser que mañana martes los activistas decidieran poner fin a su plantón, pues mal que bien han conseguido respuesta a sus demandas gremiales. Pero como introdujeron una exigencia política principal, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, nadie deberá extrañarse que la movilización continúe. Su efecto intrínseco más importante, la pérdida de cuarenta días de clases cesó ya, en parte por el simple transcurso del tiempo y en parte por una negociación. Sin suspender su presencia en la vía pública oaxaqueña, maestros de la Sección XXII accedieron a concluir el curso en sólo dos semanas, entre el diez y el 21 de julio.
Eso quiere decir que hoy comienzan las vacaciones veraniegas, cuyo asueto daría pábulo al campamento callejero, pues quedó suprimida de ese modo la presión social para no perder el tiempo escolar. También a diferencia de otros años, la suspensión de labores no se expresó únicamente en el plantón callejero.
Durante tres semanas el activismo se extendió por toda la capital oaxaqueña y se hizo presente estorbando la realización de las labores relacionadas con el turismo, principal fuente de ingresos de la ciudad. La dimensión de la demanda magisterial parecía explicar su nueva modalidad. No se trataba sólo del incremento salarial pactado cada año, que por lo demás se había resuelto la víspera de la movilización, sino de una exigencia de modificación estructural de muy difícil abordamiento, el cambio de régimen salarial, la rezonificación que permitiera al magisterio oaxaqueño cobrar los montos pagados a los de Chiapas.
El monto es enorme: 1,400 millones de pesos, que significaban en realidad una aportación de la mitad, pues el resto sería absorbido por la propia sección magisterial. Pero la respuesta del Gobierno Federal y del Estatal se ubica en niveles mucho más bajos que esas sumas: al cabo de noventa días de conflicto apenas se ha llegado a ofrecer 117 millones de pesos. El 14 de junio la Policía Estatal intentó desalojar a los maestros de las calles oaxaqueñas. Fracasó en su pretensión, no sin daños para ambas partes y el episodio hizo que la movilización magisterial girara hacia la figura del gobernador Ulises Ruiz.
A partir de entonces, removerlo como castigo a ese gesto autoritario se convirtió en principal demanda del magisterio, apoyado en ese punto por otros sectores, los muy lastimados por el autoritario modo en que Ruiz fue impuesto por su antecesor José Murat y gracias al apoyo de Roberto Madrazo. La frustrada incursión contra los maestros envalentonó a los más radicales, que desoyeron el llamamiento que Francisco Toledo, tan grande pintor como ciudadano y en vez de levantar su plantón intensificaron sus acciones de hostigamiento, presuntamente contra el gobernador, pero que se concretan en daño a las actividades productivas de la ciudad.
Se llegó al extremo hace una semana, cuando fue impedida la celebración de los lunes del cerro, la Guelaguetza, que convoca a millares de turistas cada julio. Para impedir la fiesta no sólo se bloquearon las salidas de los hoteles y los accesos al lugar de la celebración, sino que fueron incendiadas las plataformas de madera utilizadas en los bailes y representaciones que constituyen esa expresión de jolgorio local.
Algunos miembros de la Sección 22 emiten expresiones anticapitalistas, por lo que ha de suponérseles satisfechos porque las empresas hoteleras y gastronómicas padecen pérdidas multimillonarias. Parecen no advertir, sin embargo, que asalariados como ellos y peor aun, personas que viven de la economía informal adosada a la establecida y aun desempleados que palian sus carencias aprovechando el flujo de viajeros -todo lo cual forma parte de una realidad insoslayable- resienten aun en mayor medida los daños que la acción unilateral del magisterio ha provocado.
Como el 14 de junio, el dos de julio marcó una nueva etapa de la movilización. Ese día desapareció casi por completo el capital político del gobernador Ruiz, que se ufanaba de la provisión de votos que aportaría a Madrazo. La derrota priista en la elección federal fue ruidosa.
Además Andrés Manuel López Obrador, obtuvo más votos que su paisano y antagonista, el que lo fue de Ruiz en la elección local de 2004, Gabino Cué ganó la senaduría de la que el propio Ruiz se ausentó hace dos años.
La adversidad de Madrazo es la de Ruiz. La resaca de la derrota priista puede arrastrarlo. Hasta antes de la jornada electoral era remota la posibilidad de que el gobernador cayera empujado por la presión magisterial. Hoy esa eventualidad está más próxima.
Si, también como parte del desastre de Madrazo el ex gobernador José Murat no queda al frente de la menguada fracción priista en la Cámara de Diputados y menos aun a la cabeza del partido, se reblandecerá la posición de Ruiz, a quien los nuevos amos del PRI, los que resulten, acaso no tengan demasiado entusiasmo en apoyar.
