El jueves pasado un Tribunal agrario anuló una asamblea comunal que en agosto pasado había aprobado la expropiación de las tierras de Cacahuatepec, el mayor de los 19 núcleos agrarios sobre los cuales está previsto construir la presa de La Parota.
Aunque se trata de una sentencia impugnable (de hecho los comuneros que participaron en la reunión declarada nula anunciaron ya que recurrirán la resolución), se trata de una decisión jurídica que retrasará la ejecución de la obra y aun puede impedirla, no obstante que en diciembre pasado concluyeron las asambleas en que se autorizó el canje del uso del suelo agrícola para el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad.
La iniciativa de construir ese embalse sobre el río Papagayo data de hace treinta años, pero se actualizó en 2003. La presa prevista tiene el doble propósito de generar energía eléctrica para Guerrero y estados vecinos y proveer de agua potable a Acapulco, del que se encuentra cercana : hay sólo unos treinta kilómetros entre ese puerto y la población más próxima en la zona afectada.
Retener el agua del Papagayo y sus afluentes implica inundar catorce mil hectáreas en donde junto a sus tierras labrantías se levantan 24 poblados donde viven aproximadamente veinticinco mil personas. La obra implica una inversión de más de ochocientos millones de pesos y aunque dañará de modo irreparable la actividad de la región, junto al informe sobre la creación de empleos durante la construcción de la presa y los sitios donde se reubicará a los afectados, la CFE anuncia que se propiciará con ella la realización de proyectos productivos.
Pero en no pocos lugares hay oposición al desplazamiento de los pobladores, por lo que la CFE y en menor medida el Gobierno del Estado (tanto el del priista René Juárez como el de Zeferino Torreblanca, candidato que fue del PRD) han trabajado para conseguir la aprobación de las comunidades a que se inicien los trabajos correspondientes (y comprado votos, dicen los opositores).
Una a una se han realizado asambleas en La Parota, Tepehuaje, Michapa, El Zapote, Tierra Colorada, Omitlán, Solapa, Agua Zarca de la Peña, El Camarón, Agua de Perro, Chautipa, Sabanillas, Dos Caminos, El Reparo, Chacalapa, Las Mesas, La Palma, Los Huajes y Cacahuatepec.
En esta última comunidad se citó a asamblea para el 23 de agosto pasado. Es el núcleo donde más vivamente se ha manifestado oposición al proyecto. Dos comuneros estuvieron presos durante diez días acusados de secuestro de un empleado de la CFE y están vigentes órdenes de aprehensión contra otros, por el mismo motivo. Tomás Cruz Zamora fue asesinado por su primo Cirilo Zamora, porque aquél era adverso a la construcción de la presa. El día de la asamblea hubo enfrentamientos que causaron decenas de heridos, por lo que los favorecedores del proyecto apoyados por personal de la CFE trasladaron la sede de la reunión a San Marcos y allí se levantó una votación que por abrumadora mayoría (dos mil 785 contra sólo 50) aprobó la entrega de sus tierras.
Pero, como se ha hecho respecto de decisiones semejantes en otras poblaciones (agrupadas en el Consejo de ejidos y comunidades opositoras a La Parota), la minoría de Cacahuatepec llevó el caso al Tribunal agrario, que el 19 de enero notificó la anulación de la asamblea del 23 de agosto.
En consecuencia, fueron anulados también los acuerdos y convenios que el Comisariado de bienes comunales haya suscrito con la CFE. En la reunión ahora anulada se había dado anuencia a la expropiación de los terrenos destinados a la realización del proyecto hidroeléctrico, así como las obras complementarias, embalse, caminos de acceso. También se anulan los convenios de ocupación previa y su pago, así como los convenios de ocupación temporal.
Queda igualmente sin efecto la servidumbre de paso otorgada para la construcción de la línea de transmisión denominada La Parota-Entronque Los Amates-Playa Diamante. El Consejo que agrupa a los opositores y el Centro de derechos humanos de La Montaña, llamado Tlachinollan, saludaron la resolución del 41º. Tribunal Unitario Agrario, con sede en Acapulco.
Recordaron haber “denunciado constantemente que las asambleas de ejidatarios y comuneros ha sido un método de imposición del proyecto de La Parota en perjuicio de campesinos y no un verdadero mecanismo de consulta por el cual las personas decidan de manera informada y libre en torno al proyecto”.
Dijeron también que esa resolución refuerza su apreciación de que “el Gobierno del Estado y el Federal a través de la CFE no se han conducido con apego a la legalidad y han acudido a estrategias vergonzosas para justificar e imponer el proyecto, como son: a) el ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades, rompiendo el tejido social; b) la falta de información y consulta a quienes serán afectados por las obras, violando sus derechos fundamentales; c) la convocatoria y realización de asambleas comunales violando la Ley agraria y el Estado de Derecho; d) la utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas; e) la criminalización de quienes se han opuesto al proyecto a través de la liberación de órdenes de aprehensión por supuestos delitos nunca comprobados; y, f) las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al proyecto”.
Demandan “el cabal apego a la legalidad”, lo que implica su compromiso de ajustarse al derecho.
