Junto a seis Leyes o reformas aprobadas por el Congreso en sus sesiones de primavera, el presidente Fox vetó (o formuló observaciones, como dice la Constitución), es decir impidió que entrara en vigor la Ley de fomento para el libro y la lectura.
Amén de contradecir su propósito, al menos su propaganda de ?hacer de México un país de lectores?, el freno a esa disposición mantiene (y de ese modo acrecienta) las dificultades de los mexicanos para tener acceso a la lectura.
Varios perjuicios de demorar la vigencia de la Ley, o de impedirla, se pueden advertir de inmediato. Por ejemplo: uno de sus objetivos consiste en convertir el programa sexenal de bibliotecas de aula en una política de Estado. Eso quiere decir que, en acatamiento a la norma ahora vetada, el Presupuesto de Egresos de la Federación debe contener las previsiones del caso, independientemente de la idea que tenga al respecto el nuevo Gobierno. Si las Cámaras no insisten y devuelven al presidente la Ley vetada, podría no haber recursos para dichas bibliotecas en 2007.
Al devolver la Ley al Congreso el presidente no reparó en consecuencias como ésa, sino que se atuvo simplemente a la argumentación de la Comisión Federal de Fomento Económico sobre el precio único, la más sobresaliente innovación de la Ley vetada. Dicha Comisión se dirigió en octubre de 2005 al Senado con el alegato que los legisladores desestimaron y acogió el presidente, de que el precio único es contrario a la libertad económica. En un recordatorio reciente sobre su actitud, la Comisión ha mentido, lo que habla mal de la transparencia de su posición. Dijo que al igual que al Senado se dirigió a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, una de las impulsoras de la nueva legislación. ?Nunca recibimos respuesta?, dijo campanudamente la Comisión. El presidente de la Cnie, José Ángel Quintanilla, desmintió de modo fehaciente al órgano gubernamental: No sólo respondió el 25 de octubre sino que en la comunicación respectiva pidió una cita, ¡que tuvo lugar!, si bien un mes más tarde. En ella, el presidente de la Comisión Eduardo Pérez Mota, rehusó ?recibir y revisar? información que le fue ofrecida, alegando que ?su marco normativo no se lo permitía?.
Arguye la Comisión que se opone al precio único porque su mandato legal es hacer cumplir el Artículo 28 constitucional, en la parte que prohíbe ?todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados?. Dolosa o mala lectora, la Comisión aparenta no advertir que se ordena combatir conductas de particulares. Estaría muy bien que lo haga si lo hiciera. Pero la Ley vetada es una expresión de soberanía, un acto de autoridad y por lo tanto no se le puede aplicar esa referencia a los oferentes del mercado, El precio único no resulta de un acuerdo de productores, sino del ministerio de la Ley.
En cambio, la Ley auxiliaría a la Comisión a cumplir su propósito de evitar la concentración de la oferta en perjuicio de los demandantes. Por muchas razones, el comercio librero se ha achicado en México a paso dramáticamente veloz: en la década reciente cerraron sus puertas cuatro de cada diez librerías, incapacitadas para competir con los almacenes y las cadenas de librerías que aparentemente ofrecen descuentos, cuyos beneficiarios (también en apariencia) constituyen una porción minúscula del reducido de por sí universo de los compradores de libros.
En la actual situación de precio libre, los grandes editores y los grandes libreros sostienen una guerra sorda en defensa de sus utilidades. Las librerías que ofrecen descuento no lo hacen en perjuicio de sus utilidades, sino que obtienen un precio que les mantiene sus márgenes. Pero tampoco los editores ganan menos: para enfrentar la exigencia de quien descuenta, elevan el precio y a la postre el descuento es ficticio. Fijar un precio único evitará esta simulación, que además genera distorsiones en la práctica social de la compra de libros y la lectura.
Los descuentos angostan la diversidad cultural, pues se aplican, la mayor parte de las veces a muy pocos títulos, los destinados a grandes volúmenes de ventas, y no a obras de menor circulación, como los poemarios, por ejemplo. Además, reducen a ese aspecto de la mercadología del libro la competencia, dejando aparte aspectos característicos del comercio del libro, como el servicio, que se basa en el conocimiento. Las librerías de descuento pueden darse el lujo de descuidar la atención a la clientela, a la que mantienen cautiva a partir de sus ofertas, algo que los pequeños libreros no pueden hacer.
En 1998 la diputada Beatriz Zavala impulsó una Ley de libro publicada dos años más tarde sin que haya tenido vigencia real. Un grupo diverso de participantes en la cadena de producción de libros y su puesta a disposición de los lectores, sabiendo que una buena legislación es indispensable para favorecer la lectura (con la cual se evita el empobrecimiento de las capacidades de comprensión y expresión) trabajó arduamente el año pasado en la preparación de un proyecto que fue hecho suyo por senadores. En su Cámara la Ley fue aprobada en marzo por unanimidad, y por mayoría (contra el voto panista) en la de diputados en abril siguiente. Es de esperarse que la persuación conseguida por el proyecto permita superar el veto.
