Horas antes de que fue entregada la última estación privada invadida por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Felipe Calderón condenó ante los radiodifusores de todo el país, reunidos en Cancún, la ocupación de emisoras radiofónicas en esa entidad. Lo dijo en un discurso donde se refirió a la radio no lucrativa, que debe poder transitar a la digitalización en los mismos términos que la comercial. De ese tema y de la competencia en los medios electrónicos, de que también habló como uno de los elementos de su modelo de comunicación nos ocuparemos después.
Calificó de ?reprobable e inadmisible? el que, ?con el pretexto de la libre expresión y manifestación de las ideas, grupos violentos se apoderen por la fuerza de instalaciones de estaciones radiofónicas en Oaxaca y en cualquier parte del país. Eso va más allá de un allanamiento de morada, más allá de un daño en propiedad ajena que no se debe permitir en el caso de ningún ciudadano, sino que es la obstrucción ilegal de una vía general de comunicación cuyo uso, aprovechamiento o explotación sólo puede darse en términos de Ley. Por eso es vital que el Estado, y esa es mi convicción, garantice el régimen de libertades del que gozamos los mexicanos y no permitir que se cometan, en nombre de valores o afanes que se apartan del derecho, de la legalidad y el respeto a los demás, atropellos que no tienen cabida en el México del siglo XXI?.
La arenga sería cabal si se refiriera no sólo a las estaciones invadidas, sino también al diario Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, al que los gobiernos de José Murat y de Ulises Ruiz han hostigado desde el año 2004, y al que han querido suprimir del espacio público de esa entidad. La APPO, por su parte, atacó a medios de difusión casi desde el principio de su movimiento, iniciado el 14 de junio, después de que la Policía de Ruiz pretendió desalojar del centro histórico de la capital oaxaqueña a integrantes de la Sección 22 del SNTE, en suspensión de labores desde el 22 de mayo anterior.
La APPO se apoderó de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), un organismo público que operaba el canal nueve de televisión y varias emisoras de radio. Éstas fueron utilizadas durante varias semanas para difundir propaganda de la Asamblea y el magisterio, así como voces de los ciudadanos que denunciaban atropellos recientes o antiguos perpetrados por las autoridades. De ese modo se convirtió en un objetivo de la represión gubernamental, que se concretó en un brutal ataque armado el 21 de agosto. Los agresores probablemente pertenecían a las Fuerzas de Seguridad estatal, pues utilizaron armas propias de esas corporaciones, pero se disfrazaron de civiles. Destruyeron el transmisor central de la Corporación y lesionaron a varias personas, entre ellas Sergio Valle Sánchez.
Como reacción ante ese intento de silenciamiento, la APPO ocupó la mayor parte de las 16 estaciones de radio en la capital oaxaqueña y las dedicó a difundir noticias de su movimiento. Doce estaciones de nueve empresas quedaron sujetas a esa suerte de ilegal expropiación: La Grande de Oaxaca, las dos Estéreo Cristal, La Tremenda de Oaxaca, La I00.9, Exa, La SuperQ, Estéreo Éxitos, Radio Mexicana, Dimensión 820, Magna 6.80F y La Ley. Fue una agresión que no puede ser cohonestada desde ningún punto de vista, como lo comprendieron los propios dirigentes de la movilización, que ese mismo día desalojaron algunas estaciones y devolvieron casi todas el 12 de octubre, cuando parecían prosperar las negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Al final, sólo quedó en manos de la APOO la denominada La Ley, a la que se agregó el apellido ?Del Pueblo? y se escuchaba en el 710 del cuadrante de amplitud modulada. La importancia que los emisores, el público y el Gobierno atribuían a sus mensajes quedó trágicamente medida por el asesinato de Lorenzo San Pablo Cervantes y Pánfilo Hernández Vázquez, que formaron parte del comité de resguardo de la emisora. Luego de que su capacidad de difusión se deterioró por razones técnicas probablemente inducidas, anteayer fue devuelta al Grupo radiofónico de Oaxaca, que la opera.
Es probable que entre las órdenes de aprehensión emitidas a instancias de la Procuraduría General de la República varias se refieran a asambleístas que participaron en la toma de esas emisoras. Ninguna acción legal se ha iniciado, en cambio, contra los ocupantes de las instalaciones del diario Noticias. En noviembre de 2004, casi para concluir la Administración de Murat, su bodega de papel, situada a las afueras de la capital, fue invadida por campesinos que alegaron derechos sobre el predio respectivo. Seis meses después, ya con Ruiz en el palacio de Gobierno, se inició una huelga no acordada por los trabajadores del diario, sino por un sindicato de protección afiliado a la CROC con el que trataba el propietario de la empresa Ericel Gómez Nucamendi. Los miembros de la redacción, así como los empleados de talleres y administrativos fueron echados de su sede y desde entonces ese periódico se edita en un lugar ajeno a su domicilio formal. La Secretaría de Gobernación intentó una mediación que incluyó la presencia de periodistas reconocidos, como Javier Solórzano, sin que el gobernador Ruiz abandonara su versión de que se trata de un conflicto laboral. No lo es. Sí puede ser un problema entre grupos políticos con intereses encontrados, pero el que lo sea no atenúa en lo mínimo la gravedad del ataque a la prensa.
