Esta semana se producirán ?deben producirse? decisiones de gran relieve y alcance para la vida nacional. Emanarán de instituciones pero tendrán efecto en la sociedad, más allá de la fuente de la que broten. El miércoles vence el término para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluido ya su papel judicial en sentido estricto, emita en su carácter de órgano constitucional de calificación el dictamen sobre la calidad del proceso electoral, su validez (o lo contrario) y declare electo a quien haya tenido el mayor número de votos según el cómputo final que también debe realizar en esta fase.
En la Cámara de Diputados debe ser designado, dice la Ley que a más tardar en la segunda sesión, es decir el próximo jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política, uno de los dos órganos de Gobierno de ese cuerpo deliberativo. Un acuerdo entre las bancadas del PRI y el PAN ha puesto a la Cámara en general en un brete. Para que fuera elegido un panista, Jorge Zermeño, a la cabeza de la Mesa Directiva, su fracción parlamentaria ofreció la Presidencia de la Junta de Coordinadores al del PRI, no obstante que su bancada es la tercera más numerosa y el puesto corresponde a la primera. Para hacer efectivo el compromiso, esas bancadas aprobarán (y lo han acordado con sus similares en el Senado) una reforma a la Ley Orgánica del Congreso.
Pero para practicarla tendrán que violentar los procedimientos parlamentarios, algo que no escandaliza a quienes prefieren condenar las tomas de tribuna. En la normalidad legal, si es que algo como eso existe, la iniciativa para reformar esa Ley tendría que pasar a comisiones, a fin que se la dictaminara y la sometiera al pleno. Pero no hay comisiones todavía (la Ley da de plazo 30 días para configurarlas) y como resultan de negociaciones entre las bancadas y dentro de cada una de ellas, suele ocurrir que sean designadas sólo al final de septiembre. No habiendo comisión, ni dictamen, no es posible hacer la reforma. Pero la harán los panistas y priistas, validos de la mayoría conjunta que ya han inaugurado y que ejercerán de modo permanente en esta Legislatura.
Sólo una salvedad podría impedirlo: que se produjera una rebelión interna en el grupo tricolor contra Emilio Gamboa, que si bien resultó elegido por una razonable mayoría, en cualquier momento puede perderla por la falta de control sobre los diputados, que tienen diversas obediencias. Después de la sesión del viernes, también haría innecesaria la reforma apresurada el que Héctor Larios tome, como indica la Ley, la Presidencia de la Junta de Coordinación y se elija un nuevo presidente de la Mesa Directiva.
En el Senado quizá esta misma semana se dé trámite al dictamen que salve la vida política al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. El 27 de julio un grupo de siete ciudadanos, a la cabeza de un número más amplio (cuyas firmas constan en papeles contenidos en tres cajas que acompañaron la solicitud) demandó al Senado dos declaratorias y el nombramiento consiguiente: que han desaparecido los poderes en aquella entidad y que se está en el caso de nombrar gobernador provisional; y designarlo. A causa del receso, la petición fue presentada a la Comisión permanente del Congreso, cuya vicepresidenta la turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores el dos de agosto. Ya de últimas, pues sus miembros se enfrentaban al penoso trámite de ser desposeídos de sus comodidades senatoriales, esa comisión aprobó un dictamen el diez de agosto, que puede ser discutido por el pleno del Senado cuanto antes, vista la urgencia de resolver el conflicto oaxaqueño.
Sólo que el dictamen niega a los ciudadanos peticionarios la destitución del gobernador Ruiz. Salvo que de una Legislatura a otra hubiera cambiado la relación de fuerzas o los criterios en torno del conflictivo miembro que fue de esa Cámara (a la que pidió licencia en 2004, para ser candidato a gobernador), se mantendrán vigentes las afirmaciones del dictamen:
?Esta Comisión, del análisis de los documentos y materiales entregados como pruebas, concluye que no contienen elementos de convicción para probar que se configura alguno de los supuestos contenidos en el Artículo dos de la Ley reglamentaria de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República.
?No existen, por lo tanto, elementos para que el Senado de la República declare que han desaparecido los poderes en el estado de Oaxaca.
?Estas consideraciones se sustentan en el precedente emitido por la Comisión de federalismo y desarrollo municipal del propio Senado de fecha diecinueve de octubre dos mil cinco, respecto del mismo estado de Oaxaca, y mediante la cual se solicitaba al Senado de la República para los efectos de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la desaparición de poderes, y que fue declarada improcedente?.
Firmaron el dictamen los senadores priistas, aun aquéllos como Manuel Bartlett que militaron contra el madracismo de que fue adalid el gobernador oaxaqueño, a instancias del senador Jorge Franco, cuyo hijo de igual nombre fue depuesto de la secretaría de Gobierno tras el fallido ataque policiaco del 14 de junio. Fue notable que el líder panista Manuel Espino, pidiera a los miembros de su partido, entre ellos el jalisciense Gildardo Gómez Verónica, que presidía la Comisión, su firma de apoyo a Ulises Ruiz.
Ya nos ocuparemos del papel de Espino como promotor de causas priistas.
