En un lunes santo como el de hoy, el de 2004, se fraguó en Los Pinos la conjura destinada a desaforar a Andrés Manuel López Obrador. El presidente Fox, reunido con sus dependientes el general procurador general de la República y el secretario de Gobernación (de nombres olvidados), y en presencia del ministro presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela resolvió acusar de desacato al jefe del Gobierno capitalino a fin de inhabilitarlo para participar en la contienda presidencial en que es hoy, derrotada aquella conspiración, el adversario a vencer.
Esta semana puede ser caracterizada también por otra funesta decisión del Ejecutivo y convertirse como aquélla en otra semana non sancta. A pesar de la inusitada reacción social que demanda al presidente no publicar la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, Fox lo hará en estos días o, a más tardar, el lunes próximo. Si no lo hace entonces añadirá una irregularidad más al viciado proceso de enmiendas y adiciones a esas leyes cuyo principal propósito inmediato consiste en construir una Comisión federal de telecomunicaciones que asegure los intereses de los grandes consorcios de la radio y la televisión, y los de la pareja presidencial.
El tiempo puede militar en contra de esos intereses, por el descuido (la incuria ha dicho el senador Manuel Bartlett rescatando un sinónimo casi en desuso) con que procedieron los inspiradores y los amanuenses de la reforma. (Por cierto que ante los defectos de operación en que incurrieron los legisladores, TV Azteca se impacientó y en vez de enviar a delegados como tienen esa empresa y Televisa en las Cámaras, ahora contará con un representante personal. Jorge Mendoza, vicepresidente del negocio de Ricardo Salinas Pliego será senador de representación proporcional, pues se le ha ubicado en la respectiva lista del PRI con preeminencia sobre el coordinador de los diputados, Emilio Chuayffet).
El causante de una pifia que pone en riesgo la magna tarea que parecía consumada fue otro delegado de los consorcios, el diputado Javier Orozco, ex empleado de Televisa a quien se comisionó para ser miembro de la Cámara a través del Partido Verde Ecologista de México y desde allí, en tanto que presidente de la comisión de radio, televisión y cinematografía, velar por los intereses de sus patrones.
Lo hizo bien y mal. Tuvo abrumador éxito al conseguir que una iniciativa fuera dictaminada en breve plazo y aprobada por unanimidad en siete minutos, sin debate que pusiera en evidencia sus alcances. Pero erró al querer perfeccionar tardíamente el mecanismo de designación de presidente de la Cofetel. En el texto aprobado el primero de diciembre se establece que quien encabece esa comisión será elegido por sus pares, los otros cuatro comisionados.
Pero Orozco legisló a solas y llevó una corrección al Senado, mas la corrección resultó incorrecta. En un Artículo transitorio, el tercero, dispuso que por esta única vez los comisionados no elegirían a su presidente sino que lo designaría el Ejecutivo conforme al “último párrafo del Artículo 9-E de esta Ley”.
Y allí cometió un desliz que puede resultar muy caro: debió escribir artículo 9-C, y no 9-E, porque tal como quedó es impracticable el mecanismo de designación del presidente de la Cofetel.
El senador Felipe Vicencio hizo notar la diferencia entre lo aprobado por los diputados y lo recibido por los senadores (diferencia que surgió de la intromisión de Orozco) y la senadora Dulce María Sauri reparó a su vez en la grave equivocación de poner E donde debía decir C. Y pidió a los senadores corregir la pifia. Pero la consigna era no modificar ni una coma, y 81 legisladores aprobaron a sabiendas esa torpeza. Pretendieron después que tras la publicación de la reforma, la secretaría de Gobernación aliviara la grave tontería mediante una fe de erratas.
Bucareli no quiso compartir la metida de pata con las Cámaras y rehusó hacerlo para no incurrir en responsabilidad y abrir con ello la puerta a demandas de amparo, porque puede corregir errores en la publicación de la Ley, no en su aprobación.
Entonces los inspiradores y los amanuenses de la reforma intentaron otro camino, que hasta ahora resultó igualmente fallido.
Pretendieron aprovechar la iniciativa paralela para esconder en ella su propósito corrector. Esta iniciativa paralela surge de la hipocresía, pues ya se sabe que ese fingimiento es un homenaje del vicio a la virtud.
Los 81 senadores que aprobaron la Ley Televisa-TV Azteca reconocieron que tenía omisiones y deficiencias pero rehusaron colmarlas y corregirlas, porque pesaba sobre ellos la perentoria instrucción de aprobar sin el mínimo cambio la minuta llegada de San Lázaro. Como muestra de su buena fe, dijeron, confeccionaron una iniciativa que reforma la reforma y pensaron presentarla en el momento mismo en que aprobaron la reforma que necesita otra reforma.
El contrasentido era tan obvio que la aplazaron y fue presentada el martes pasado, lo que no alivió la incongruencia de pretender reformar una Ley que no ha sido publicada.
Pero alguien ordenó al diputado Érick Rubio (así lo confesó a su jefe Emilio Gamboa: me lo ordenaron) incluir en la iniciativa hipócrita un Artículo transitorio que ponga 9-C donde dice 9-E y permita la designación presidencial del presidente de la Cofetel. Pero fue descubierta la subrepticia adición y la discusión de la iniciativa hipócrita y su pegote el transitorio deberá esperar a la Pascua... y a la publicación de la Ley.
