Hace cuatro meses que se inició un paro de labores en una de las plantas siderúrgicas de mayor importancia en el país. No es, ciertamente, una huelga legalmente emplazada ni basada en las causas que establece la Ley Federal del Trabajo. El dos de abril, tres mil miembros de las secciones 271 y 273 del sindicato minero metalúrgico decidieron suspender sus tareas en respuesta a una agresión política perpetrada por el secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar: la ilegal deposición de su dirección sindical y su reemplazo por una de naturaleza espuria.
Incapaz de admitir la índole política del conflicto y de entablar por lo tanto negociaciones que le pusieran fin, Salazar descalificó la iniciativa de los trabajadores, la consideró un “paro loco” y maniobró para enfrentarla por la fuerza. El 20 de abril su intriga condujo a la Policía Federal Preventiva y a las agencias policiacas de Michoacán a la práctica de la acción directa: de modo imprudente, desinformado y violento, efectivos de esas agrupaciones fueron lanzados contra los paristas, que resistieron el ataque con armas improvisadas. El saldo fue de dos trabajadores muertos, muchos agentes y obreros heridos y el empeoramiento del conflicto.
Fracasada la agresión, imposibilitado para intentar un nuevo asalto, el Gobierno incumple sus responsabilidades. Se halla en plena parálisis o indiferencia. Parece no importarle que hace 120 días no funcione la planta principal del más importante exportador de varilla y alambrón, en cuyas instalaciones se produce cada año un millón setecientas mil toneladas de acero.
La secretaría de Gobernación pareció interesada en suplir las deficiencias de la del Trabajo, inmediatamente después del mortal ataque del 20 de abril, pero desistió de hacerlo. Es que en ambas dependencias privilegian el combate a la dirección sindical presuntamente derribada y por lo tanto no aceptar dialogar y menos aun negociar con los dirigentes seccionales, pertenecientes a la corriente de Napoleón Gómez Urrutia.
Cuando esos dirigentes actúan, son capaces de llevar adelante revisiones salariales de carácter normal: la semana pasada esas secciones convinieron con una empresa vecina a la que se halla en paro, Mittal Steel, un incremento de ocho por ciento. Esa misma tasa había sido pactada con Sicartsa, en la negociación del año pasado. Había sido en realidad arrancada a la empresa, perteneciente al grupo Villacero, con el que el sindicato ha mantenido una tensa relación desde que Gómez Urrutia tomó el liderazgo del sindicato, de manos de su padre.
Villacero adquirió la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (razón social de que deriva el acrónimo Sicartsa) en 1991, durante las privatizaciones realizadas por el Gobierno de Carlos Salinas, misma época en que en el norte del país el Grupo México se hizo de las instalaciones cupríferas de mayor tamaño y producción, sitas en Cananea y Nacozari. También con ese grupo el sindicato ha mantenido un trato áspero, a diferencia del que desarrolla la agrupación obrera con el resto de las empresas con las que contrata. Por lo demás, no puede decirse que la deficiente relación laboral entorpeciera los trabajos del Grupo México: obtuvo la autorización, pagada, del sindicato para contratar personal no sindicalizado en, por ejemplo la mina número ocho de la unidad Pasta de Conchos, de su filial Industrial Minera México, donde el 19 de febrero un siniestro que pudo ser evitado privó de la vida a 65 personas.
Justamente en el marco de la angustia que provocó esa tragedia, la secretaría del Trabajo dio a conocer el golpe contra el comité encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Lo había urdido no sólo para aligerar la relación de los grupos Villacero y México con ese dirigente, sino también para castigar su desacato a las decisiones de la propia secretaría en torno a la representación cupular de los sindicatos, a través del Congreso del Trabajo. Gómez Urrutia no se avino a la ilegal prórroga del periodo en que Víctor Flores, el impresentable dirigente ferrocarrilero encabezara tal Congreso. Al contrario, promovió una candidatura alterna y la virtual salida de aquella agrupación de centrales tan importantes como la CROC y el propio sindicato minero.
El 17 de febrero la secretaría del Trabajo concedió crédito a un documento informal y falso y con base en él registró una nueva dirección sindical, encabezada por un ex miembro del sindicato -del que fue expulsado hace años- Elías Morales, con quien aquella oficina del Gobierno Federal ha montado diversas maniobras destinadas a hacer perder a Gómez Urrutia el control sobre el sindicato, meta inalcanzada hasta ahora.
Puesto que ni las maniobras dizque sindicales, ni las administrativas consiguieron su finalidad, el Gobierno Federal amplió el arco de sus acciones y promovió un escándalo en torno a 55 millones de dólares, producto de la venta de acciones del Grupo México, que fueron propiedad del sindicato.
En vano la Procuraduría General de la República buscó montar acusaciones federales contra el líder, que se refugió en Canadá. Todo lo más que han conseguido sus adversarios son órdenes de aprehensión de jueces locales, que se intenta poner en práctica mediante la extradición del dirigente sindical.
Mientras tanto, hace ya 120 días que los trabajadores de Sicartsa, la empresa y la actividad comercial ligada a ellos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, padecen los efectos de un Gobierno inútil para resolver un conflicto que él mismo generó.
