Con nocturnidad y sigilo el presidente de la República cumplió, a la distancia, la primera obligación que le asigna la reformada Ley Federal de Telecomunicaciones. Designó a los cinco miembros del pleno de la Comisión federal de ese ramo (Cofetel), y envió la lista a la Comisión permanente del Congreso de la Unión, que dispondrá de 30 días para objetar, en su caso, a los comisionados.
El plazo corre “a partir de la fecha en que sea notificada de los nombramientos; vencido ese plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderán como no objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal”. No se remitieron los nombres para su confirmación por la instancia legislativa. No alcanza a tanto su intervención.
Los designados ya son miembros del pleno; el nombramiento presidencial tiene fuerza suficiente para conferir ese carácter, anulable en caso de una objeción. Ésta podría presentarse si los comisionados no satisficieran los escuetos tres requisitos de la nueva Legislación, expuestos en el Artículo 9-C de la nueva Ley. Los dos primeros, elementalísimos y objetivos, se refieren a la oriundez mexicana y a la edad (tener más de 35 y menos de 75 años). El tercero es interpretable y, a primera vista, sólo uno de los cinco mencionados no lo cumple: “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público y académicas, relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones”.
Como se advierte, hay espacio para la subjetividad al determinar lo que significa destacada como valoración de un desempeño y, con mayor razón, es interpretable el adverbio de modo de la frase, pues habrá varios modos de considerar sustancial una dedicación.
Habría otro motivo para objetar un nombramiento, pero se basa en una percepción y no en el incumplimiento de un requisito, por lo que no sería sencillo hacer que en la Permanente prosperara la objeción. El abogado Gonzalo Martínez Pous fue, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general adjunto operativo en la Dirección general de Asuntos Jurídicos y, como tal, miembro del Comité consultivo nacional de normalización en telecomunicaciones.
En la Cofetel, que ahora gobernaría, fue director general de aspectos regulatorios e instrumentación legal, del área general de asuntos jurídicos. Hasta allí sería inobjetable la hoja de servicios de Martínez Pous. Pero ocurre que es también integrante del consejo del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Idet, organización civil que fue pieza clave en la elaboración y aprobación de la reforma legal.
Los autores de esa Legislación hubieran deseado que en diciembre, como ocurrió en la Cámara de Diputados, y del mismo modo que allí, en el Senado se aprobaran las enmiendas y adiciones que tanto darían que hablar después. Pero la previsión falló, y al iniciarse el periodo de sesiones del Congreso en febrero pasado, pugnaces senadores (que ahora consiguieron ya poner a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la nación abundancia de razones sobre la inconstitucionalidad de la reforma) forzaron la realización de una consulta.
Dado que la mayor parte de los ponentes en ella se manifestó contraria a la minuta acríticamente aprobada en el Senado, en la oficina del abogado de Televisa, Javier Tejado Dondé, se diseñó la estrategia que haría presentes argumentos en pro de la reforma. Se asignó tal tarea al Idet, algunos de cuyos miembros acudieron con esa encomienda a la consulta, como si se tratara de académicos independientes. Dada la pertenencia de Martínez Pous a dicho instituto, su inclusión en la lista de comisionados es interpretable como la concreción de la garantía que los autores y beneficiarios de la legislación quieren tener en su órgano directivo.
No es evidente el modo sustantivo en que Fernando Lerdo de Tejada se haya dedicado a las telecomunicaciones (salvo el tener a TV Azteca como cliente de su despacho de consultoría, lo que podría ser fuente de objeciones). Lerdo de Tejada, abogado por la Escuela libre de derecho, fue asambleísta y diputado federal e hizo política en el Distrito Federal. En la administración había más bien aprovechado sus estudios de economía en la Universidad de Stanford hasta que fue designado en 1997 director general de comunicación social y vocero del presidente Zedillo.
Más claramente han trabajo en radiodifusión y telecomunicaciones los comisionados restantes. Julio Di Bella, director del canal Once, llegó a ese cargo al comienzo de la Administración foxista después de haber colaborado con el propio Fox cuando fue gobernador de Guanajuato, como responsable del organismo estatal de radio y televisión, amén de su participación en canales de televisión por cable y radioemisoras privadas. Como dirigente de la Red nacional de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales pugnó porque la reforma legislativa incluyera a los medios públicos, sin que se alcanzara ese propósito.
Aunque es licenciado y doctor en economía, Rafael del Villar ha obtenido provecho de sus estudios de derecho en la Universidad Nacional y ha tenido el raro privilegio de ser autor de varios proyectos legislativos, entre ellos el que dio lugar a la ley de telecomunicaciones vigente hasta el 12 de abril pasado. En consecuencia, se le nombró director general de política de telecomunicaciones en la SCT. El ingeniero José Luis Peralta fue director (a secas) y director general de planes fundamentales en la anterior, ya extinta Cofetel.
