Hace ya más de cinco meses que se despenalizó la difamación en la Ciudad de México, al emitirse una nueva Ley civil para defender el buen nombre de las personas, que de paso derogó la respectiva tipificación penal.
Pero subsiste un eficaz modo de inhibir las libertades de comunicación (libre expresión y libre información) consistente en agrandar un efecto lateral del legítimo derecho de limpiar su honor, que asiste a aquellos que lo reputan como lastimado.
Ese efecto es la fatiga procesal y su costo en dinero, que puede dejar exhaustos a los demandados por reparación de daño moral o denunciados por difamación, independientemente de si reciben o no sentencia adversa.
Maritza Aguilar y Santiago Pando fueron condenados a pagar al subprocurador de la República José Luis Santiago Vasconcelos, más de 350 mil pesos (129 mil ella, 218 mil el antiguo publicista de Fox). De ese lamentable modo terminó una fase más de la prolongada batalla judicial iniciada a mediados de 2004 por el alto funcionario de la PGR, que generó varias ramificaciones, reveladoras todas de la incongruente conducta de un funcionario que provocó severo daño al honor de la señora Artemisa Aguilar al presentarla, cuando apenas comenzaba su proceso, como traficante de personas (delito del que ha sido exonerada) y en cambio se sintió lastimado en el suyo porque Pando y su esposa Maritza lo exhibieron como fabricante de indicios para inculpar a la madre y suegra de los ahora sentenciados a lavar con dinero el rostro del subprocurador.
Éste demandaba el pago de más de seis millones de pesos como indemnización a su honra lastimada, y al final recibirá una importante suma, pues no obstante haber perdido el caso en la vía civil inicial, terminó ganándolo en los tribunales de amparo, aunque allí los afectados continúan su defensa.
El largo litigio a que fue arrastrado el matrimonio Pando Aguilar implica un alto costo por asistencia jurídica, seguramente superior a la indemnización finalmente acordada.
A su turno Lydia Cacho, acusada por difamación por el impresentable Kamel Nacif había gastado, hasta hace dos meses (en procedimientos que se iniciaron en diciembre pasado) más de ochocientos mil pesos. Aunque debiera ser inminente su puesta en libertad (hay que recordar que ha estado sometida a proceso y formalmente presa) los gastos en que incurrió significan una suerte de sanción pecuniaria en su contra.
Hace ya más de un mes que ganó el lance de que el juicio se ventile en el Distrito Federal (y no en Puebla o Quintana Roo, como ha ocurrido) y las autoridades judiciales quintanarroenses demoran el envío del expediente al Distrito Federal.
Tal vez el mismo efecto de cansancio ha querido provocar Gerardo Sosa, ex rector de la Universidad de Hidalgo y diputado federal priista, sobre Alfredo Rivera y otros demandados a raíz de la publicación del libro La Sosa nostra. Feroz enemigo de la libertad de expresión en su feudo universitario (del que es inveterado cacique) Sosa inició en el Distrito Federal, en agosto de 2004 un juicio civil no sólo contra el autor de esa obra que documenta sus correrías, sino también contra el autor del prólogo (que lo es también de estas líneas), la casa editorial, la empresa que realizó la composición tipográfica, el artista que confeccionó la portada ¡y hasta el fotógrafo que retrató al autor de la obra!
Más de dos años han transcurrido desde la presentación de la demanda, y el juicio propiamente hablando no se inicia todavía, porque no han sido notificadas todas las partes. Eso no obstante, el expediente se compone ya de cientos de fojas, derivadas de incidentes procesales en que parecen engolosinarse el actos y sus abogados, incapaces por otro lado de ofrecer el domicilio correcto de los demandados a los que todavía no se notifica. Entre broma y veras, los demandados hemos calculado que tal vez los abogados de Sosa cobran honorarios por tiempo y por eso han dilatado tanto esta suerte de etapa prejudicial. Pero, ya en serio, lo que quizá han buscado es fatigar a tales demandados sujetándolos a la tensión y a los costos procesales que impone una demanda de esta naturaleza.
Si hubiéramos tenido que cubrir honorarios profesionales durante más de dos años a abogados que atendieran el expediente, los demandados habríamos quedado exhaustos. Pero hemos contado con la asistencia gratuita, y eficaz, de la maestra Perla Gómez, comisionada al efecto por Libertad de información, AC, que también me representa en el proceso que inició en mi contra Regino Díaz Redondo, que cursa actualmente su segunda instancia y en que también se manifestó la solidaridad profesional de Humberto Lira Mora. En otros casos en que he debido acudir a tribunales por episodios relacionados con mi actividad profesional he contado con el apoyo incondicional de los abogados del diario Reforma (a todos los cuales manifiesto mi agradecimiento).
El juez que conoce de la demanda de Sosa ya hubiera debido obsequiar nuestra petición de declarar la caducidad del juicio, o iniciarlo para que se compruebe que no ha habido daño a la reputación del demandado. Si lo hubiere, su carrera política se hubiera frenado y al contrario marcha viento en popa. Si bien no fue candidato a gobernador (condición en que presentó la demanda) sí ha sido después presidente del comité estatal del PRI y ahora diputado federal, líder de la ya no tan numerosa como antaño diputación de Hidalgo. Salvo que se diga que en la política tricolor la honra no cuenta.
